Os compartimos el contenido del artículo de opinión publicado por Mayte Montaner, secretaria general de UGT Serveis Públics del País Valencià en el diario Levante-EMV el 23/06/2023 con motivo del Día Internacional de los Servicios Públicos:
Unos servicios públicos fuertes y de calidad, a prueba de guerras y pandemias, son garantía de igualdad de oportunidades y de reparto de riqueza en términos de justicia social y se han revelado como la mejor protección para la ciudadanía en épocas de incertidumbre e inestabilidad. Este 23 de junio, día mundial de los Servicios Públicos, es oportuno recordar a los poderes públicos que, sin una financiación sólida y sostenida en el tiempo, este muro social de contención de la desigualdad podría desmoronarse.
La pasada legislatura, el compromiso político del Consell por destinar recursos públicos para hacer frente a las necesidades sociales fue determinante. Pero la financiación pública también fue posible, en buena medida, gracias a la suspensión de las reglas fiscales por parte de Bruselas, una decisión que permitió a los gobiernos -en particular al gobierno valenciano- seguir invirtiendo en servicios públicos y construyendo un escudo social sin la espada de Damocles de las sanciones por el incumplimiento del déficit. Pero las reglas de gasto se reactivan en 2024 y la administración valenciana tendrá muy complicado alcanzar el equilibrio presupuestario.
El verdadero problema, la infrafinanciación, es estructural. Desde la Federación de Serveis Públics de UGT seguiremos exigiendo al Gobierno central, sea del color político que sea, un cambio de modelo que acabe con el injusto maltrato financiero que padece nuestra Comunitat.
Por otra parte, el futuro Consell, resultado del Pacto del PP y Vox, ha anunciado una rebaja fiscal que, sólo con la supresión de los impuestos de Patrimonio y de Donaciones y Sucesiones, podría conllevar una merma recaudatoria de unos 500 millones.
Por otro lado, la omisión en el programa PP-VOX de las políticas para luchar contra la violencia machista, nos hace temer por los servicios y recursos de atención a las mujeres. Hablamos de los Centros Mujer 24 horas, casas de acogida, órganos judiciales especializados de violencia de género, etc. que sostienen las administraciones públicas. No es una cuestión ideológica; se trata de garantizar los derechos de las mujeres y, por tanto, los derechos humanos, una obligación de los poderes públicos cuya dejación supondría para las víctimas un terrible regreso a los infiernos.
Todos estos nubarrones generan incertidumbre y preocupación por el futuro de los servicios públicos y de quienes los sostienen, las empleadas y empleados públicos. Y en este punto me viene a la memoria la tan demandada -y ya desterrada- idea durante los años de recortes de establecer, vía reforma constitucional, un suelo social de gasto que permita financiar nuestro actual estado del bienestar, al igual que se introdujo el sometimiento de los poderes públicos a los dictados del principio de estabilidad presupuestaria a través del artículo 135. Una idea que convendría retomar.
Nuestra preocupación va en aumento cuando analizamos los 50 puntos del programa de gobierno PP-VOX, en concreto el apartado en el que se manifiesta la voluntad de revisar toda la normativa vigente en materia social pues está en riesgo el Decreto de Tipologías que viene a culminar todo el modelo valenciano de servicios sociales y a mejorar las condiciones laborales y retributivas de su personal, especialmente de las mujeres que son mayoritarias en este sector. Y porque es el resultado de un acuerdo histórico entre administración, patronal y sindicatos tras muchos años de trabajo.
Por otro lado, la omisión en el programa PP-VOX de las políticas para luchar contra la violencia machista, nos hace temer por los servicios y recursos de atención a las mujeres. Hablamos de los Centros Mujer 24 horas, casas de acogida, órganos judiciales especializados de violencia de género, etc. que sostienen las administraciones públicas. No es una cuestión ideológica; se trata de garantizar los derechos de las mujeres y, por tanto, los derechos humanos, una obligación de los poderes públicos cuya dejación supondría para las víctimas un terrible regreso a los infiernos.
En un día como este, tan señalado para esta Federación, seguimos apostando por el fortalecimiento de los servicios públicos, por unas condiciones de trabajo dignas para su personal y por unas políticas públicas que mejoren la vida de las personas y les reporten mayores cotas de bienestar y felicidad. Esperemos que se imponga el sentido común y no nos alcance la tormenta.
