Las trabajadoras y trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad social se han concentrado este martes, 22 de marzo, a las 12 horas, ante la puerta de sus centros de trabajo para denunciar las graves carencias que sufren en el día a día para poder prestar un servicio público de calidad.
La protesta, convocada por UGT, así como por el resto de organizaciones sindicales (CC OO, CIG, CSIF, Fesess, Sindicato de Inspectores de Trabajo, Sislass y UPIT), es la primera en la que toda la plantilla se moviliza conjuntamente ya que está llamado a participar tanto el personal de inspección y subinspección como el personal de apoyo. Las concentraciones tendrán lugar en todo el territorio español. En la Comunitat Valenciana su suman los centros de trabajo de la Inspección de Trabajo en las provincias.
El colectivo, adscrito a la Administración General del Estado, ha decidido alzar la voz después de una prudente espera de más de ocho meses y tras comprobar que las medidas acordadas con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 7 de julio del año pasado siguen bloqueadas. De ahí, la necesidad de denunciar públicamente la injusta situación que padecen, así como la necesidad de que las graves carencias se corrijan para poder fortalecer un servicio público esencial. “Ha pasado el tiempo de la hipocresía, el tiempo de las buenas palabras sin el menor compromiso. O se inicia el tiempo de las soluciones o este país corre el peligro de quedarse sin Inspección de Trabajo o de contar con una que sea una mera caricatura de la que realmente necesita”, apuntan desde el colectivo.
La Inspección de Trabajo relata numerosas deficiencias, entre ellas, plantillas insuficientes para atender los servicios, medios y recursos técnicos inadecuados, así como falta de reconocimiento del trabajo realizado por el colectivo en los últimos diez años y, en especial, en los años de la pandemia. La carga de trabajo ha ido incrementándose mientras que las relaciones de puestos de trabajo (rpt) han quedado obsoletas. De ahí, que el servicio está muy cerca del colapso. En comparación con otros países vecinos, la presión de trabajo es enorme. Así, por ejemplo, Francia cuenta con una persona inspectora por cada 5.000 trabajadora o trabajador mientras que España la ratio es de 1 por cada 15.000.
Las movilizaciones tienen lugar cuando el Gobierno acaba de aprobar la reforma del mercado laboral, una ley que se apoya de forma importante en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. De hecho, la nueva norma requiere de un mayor esfuerzo de este personal, ya que se incorporan nuevas encomiendas, como las campañas de vigilancia, etc. Desde UGT Serveis Públics se advierte que para cumplir con las nuevas funciones es necesario reforzar la Inspección ya que, en caso contrario, la ley puede acabar en fracaso.
La plantilla de la Inspección de Trabajo en la Comunitat Valencia (personal público dependiente del la Administración General del Estado) está integrada por un total de 331 personas en las tres provincias: Valencia (167 efectivos), Alicante (117) y Castelló (47).
Ángel López Solano, responsable del personal funcionario del sector Administración General (AG) de UGT Serveis Públics País Valencià, relata que el colectivo trabaja en situaciones de precariedad que repercuten en la ciudadanía. “La falta de personal en todos los cuerpos (generales y de inspección activa) conlleva que muchas prestaciones se cobren con atraso o que algunas actuaciones no se realicen con la rapidez necesaria atendiendo su naturaleza”, apunta.
Y pone ejemplos: las altas en la seguridad social, las actuaciones o informes ante accidentes de trabajo, los ERTES, la prevención de riesgos, etc. “Esto perjudica sobremanera a la parte más débil, que son personas trabajadoras». añade.
