Artículo de opinión de Mayte Montaner, secretaria general de UGT Serveis Públics PV, publicado en Levante-EMV el 18/07/2023
Mucho se está hablando en estas semanas de todos los derechos que, en materia laboral y social, se han conquistado durante la última legislatura. Y no es para menos. Sólo hace falta recordar el incremento del salario mínimo en un 47% en los últimos 5 años hasta alcanzar los 1.080 euros en el 2023, la revalorización de las pensiones conforme al IPC (un aumento del 8,5% para el 2023) o la derogación de la reforma laboral que ha permitido una reducción muy sustancial de la contratación temporal y la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa, entre otras muchas mejoras.
Pero son también muchos los avances alcanzados en materia de función pública para modernizar la administración y orientarla hacia la planificación, evaluación y control de las políticas públicas, avances tutelados desde la Unión Europea que pueden volatilizarse tras el 23J. Desde UGT Serveis Públics, hacemos balance.
El Acuerdo firmado con el ministro Iceta en la Mesa General de las Administraciones Públicas, matizado unos meses después por el Congreso, implica la reducción de la temporalidad en nuestras administraciones hasta el 8% y está posibilitando a miles de trabajadoras y trabajadores públicos consolidar, tras muchos años de interinidad, sus puestos de trabajo a través de procesos extraordinarios de estabilización. Pero estos procesos tienen fecha de caducidad y deben estar finiquitados en diciembre de 2024.
El posterior Acuerdo para una Administración del S. XXI conlleva unos incrementos salariales que pueden alcanzar el 9,8% en tres años y está ayudando a las empleadas y empleados públicos a combatir la inflación. Además, revierte todos los recortes arrastrados desde el 2012 tras la crisis financiera que se cebó de manera muy sangrante sobre el personal público.
Lo que sí sabemos con certeza es que en épocas de crisis los derechos de las empleadas y empleados públicos se tambalean sin un gobierno comprometido con lo público. Y este voto por lo público también cuenta, y mucho.
Pero este gran consenso requiere de desarrollo y muchas de las medidas comprometidas deben materializarse a través de comisiones de trabajo calendarizadas para el mes de junio -y por tanto paralizadas tras el adelanto electoral- y posteriormente remitirse a las Cortes para su tramitación.
El derecho a la jubilación parcial con contrato de relevo para el personal funcionario, la jornada laboral de 35 horas y la posibilidad de mejorar los permisos de conciliación y las vacaciones en los ámbitos autonómicos de negociación fueron eliminados por Mariano Rajoy en el 2012. Todos estos derechos recuperados a través de la negociación corren el peligro, de nuevo, de desaparecer si el gobierno que se conforma tras la contienda electoral no mantiene los compromisos adquiridos.
Al igual ocurre con la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, una ley ligada al componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que lleva un retraso de más de 15 años y que ha decaído del trámite parlamentario cuando las enmiendas parciales presentadas estaban a punto de discutirse en comisión.
Así, muchas iniciativas de progreso para las empleadas y empleados públicos y mejoras en la prestación de los servicios públicos han quedado en el limbo y se enfrentan a un futuro incierto. A unos días del 23J, no sabemos que será del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud, del Plan Justicia 2030, de la ley básica de los bomberos forestales, de la ley de agentes forestales y medioambientales, de la ley de Enseñanzas Artísticas o de la creación de la Agencia Estatal de los Servicios Públicos de Empleo, por poner algunos ejemplos más. Lo que sí sabemos con certeza es que en épocas de crisis los derechos de las empleadas y empleados públicos se tambalean sin un gobierno comprometido con lo público. Y este voto por lo público también cuenta, y mucho.
