Los cambios introducidos por el Gobierno de Mazón en la ley de simplificación siguen la estela de la Comunidad de Madrid al declararse en rebeldía respecto a las ratios mínimas acordadas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales
UGT Serveis Públics estudia recurrir a través del Defensor del Pueblo la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de simplificación administrativa, al considerar que esta norma vulnera diversas competencias estatales en materia de dependencia y derechos de la Infancia y la Adolescencia, así como en materia del ejercicio de la potestad pública en la provisión y gestión de los Servicios Sociales.
UGT está elaborando un informe jurídico y estudiando varías vías para recurrir la ley ya que considera que varias de las enmiendas que los grupos parlamentarios del Partido Popular y VOX presentaron a la Ley 3/2019 no eran objeto del proyecto de ley ya que su contenido no guardan la necesaria homogeneidad con el proyecto de ley enmendado, lo que, en opinión del sindicato, vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesaria relación de homogeneidad entre enmiendas e iniciativa legislativa que se pretende modificar.
UGT Serveis Públics denunció el pasado viernes que el gobierno popular de Mazón había utilizado la nueva norma para modificar de tapadillo, y a espaldas de todo control jurídico preceptivo, la Ley 3/2019, de 28 de febrero, para, entre otras cuestiones, abrir la puerta a la privatización de los Servicios Sociales municipales de la ciudadanía.
Estas posibles privatizaciones afectan, por ejemplo, al servicio de promoción de la autonomía, que desarrolla el diagnóstico e intervención en situaciones de dependencia; así como el servicio de prevención e intervención con las familias, que se encarga de la prevención y evaluación de las situaciones de riesgo y del diagnóstico social: y la intervención de carácter individual o familiar con la infancia y la adolescencia.
Además, dicha modificación supondrá una reducción del personal de atención directa de las residencias valencianas de personas mayores por debajo de los umbrales estatales mínimos de calidad, de manera que las equipará a las residencias de la Comunidad de Madrid, cuyo gobierno, igual que el Consell, también se ha declarado en rebeldía respecto a las ratios mínimas de personal fijadas en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, dependiente del ministerio.
«Las personas mayores de esta comunidad se verán discriminadas respecto a las del resto del territorio nacional, y tendrán que sufrir unas residencias masificadas y con menos profesionales que les atiendan”, denuncia Maria Navarro
La consecuencia inmediata, según afirma María Navarro responsable de política social de la UGT Serveis Públics, es “que se puedan privatizar por primera vez en la historia, los Servicios Sociales municipales, que son los más cercanos a la ciudadanía”. “Y esto, además, en un momento en el cual además el pueblo valenciano necesita más que nunca unos Servicios Sociales eficientes y de calidad”, añade.
Así mismo, la responsable de UGT puntualiza que, con el recorte de personal incluido en la modificación de la ley, “las personas mayores de esta comunidad se verán discriminadas respecto a las del resto del territorio nacional, y tendrán que sufrir unas residencias masificadas y con menos profesionales que les atiendan”.
Actualmente las residencias valencianas tienen una media de 83 plazas por centro, de las cuales el 76,8% son de menos de 100 plazas, según los datos del Imserso. La reciente modificación legal establece sin excepción que las residencias sean de 150 plazas, lo que contraviene el umbral mínimo estatal fijado en 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas, 90 plazas en localidades de densidad intermedia, y 120 plazas en ciudades, tal y como establecía la Ley de Servicios Sociales Valenciana antes de ser modificada.
En cuanto a las ratios de personal, la normativa valenciana establecía mas profesionales por usuario que las ratios fijadas por el Acuerdo del Consejo Territorial del ministerio. Ahora, tras la modificación legal, la Comunitat Valenciana no cumplirá los mínimos de personal establecidos para todo el estado. María Navarro afirma al respecto que “aunque las residencias se organicen internamente en grupos convivenciales de 25 usuarios, el recorte de personal es el mismo y por lo tanto la merma de calidad en la atención existe se trabaje por grupos o no”. “Además el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales fija un umbral máximo de 15 usuarios por grupo y no 25”, aclara.
