El sindicato reclama una Ley Básica Estatal y pide a la Conselleria de Servicios Sociales que no reduzca los ratios de personal en el nuevo decreto de tipologías
UGT Servicios Públicos muestra su más enérgica condena ante el trágico suceso ocurrido en un centro de menores en Badajoz que, tal como ha venido denunciando, evidencia que lamentablemente son las personas trabajadoras de los servicios sociales quienes únicamente sostienen con su vocación y a costa de sus derechos laborales e incluso su integridad física un sistema muy precarizado.
Un sistema en el cual son muy habituales la sobrecarga laboral, los bajos salarios y la desprotección de sus profesionales ante situaciones que diariamente ponen en riesgo su integridad física y psicológica. Debido, en primer lugar, a la desigual financiación que las administraciones aportan para impulsar una red de sistemas públicos de servicios sociales de calidad y suficientes, tanto en recursos profesionales como técnicos. Y en segundo lugar, debido a la carencia de una norma estatal que regule un marco común exhaustivo de actuaciones de los Servicios Sociales, y garantice unos estándares mínimos de calidad de la atención y de profesionalización, de ratios y condiciones laborales, de prestaciones y de servicios.Los Servicios Sociales son un derecho subjetivo de la ciudadanía y por lo tanto un servicio público esencial, como la Educación o la Sanidad, pero incomprensiblemente a día de hoy sin los medios y la financiación que dichos sistemas disponen.
UGT hace un llamamiento urgente a la clase política para que de una vez por todas, se materialice una norma estatal básica que, haga posible que se adopten criterios comunes de calidad en toda la red integrada de sistemas públicos de servicios sociales, relativos a los recursos materiales, la calidad en el empleo y la dignidad en el trato, entre otros, en aras de asegurar la accesibilidad universal de la ciudadanía a los mismos, y en consecuencia la igualdad y cohesión social en todo el territorio. Por otro lado, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, UGT Serveis Públics PV pide al gobierno valenciano que garantice ratios de personal en el nuevo decreto de tipologías y una financiación que posibilite condiciones laborales dignas en los servicios sociales.
Así, todos los niveles de la administración pública con competencias en servicios sociales, deben garantizar de manera estable la financiación del sistema y de unas condiciones laborales. Para UGT resulta inadmisible y discriminatorio que, la calidad de los servicios sociales se vea mermada por la permisividad de las administraciones a que se preste un servicio público con personal sujeto a condiciones laborales tan precarias y denigrantes como por ejemplo las establecidas en el convenio sectorial de Infancia y Adolescencia.
Son necesarias políticas públicas de reforzamiento de los servicios sociales, de reconocimiento de sus profesionales y de desarrollo positivo de sus condiciones de trabajo, para la mejora de su calidad.
Por ello, UGT SP solicita una reunión urgente con el gobierno de la nación y con los ministerios que correspondan, con el objetivo de abordar el desafío de que los Servicios Sociales dejen de ser la hermana pobre de los servicios públicos esenciales, y poner fin a la precarización y desprotección laboral en la red del sistema.
