El sector de Administración autonómica de UGT Serveis Públics PV ha solicitado una reunión a la Dirección General de Función Pública para abordar el futuro del teletrabajo en la Generalitat al tiempo que ha alertado de que la continuidad de los programas en vigor que permiten teletrabajar a casi 4.000 empleadas y empleados públicos están en el aire.

En un escrito dirigido a la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, competente en asuntos de función pública en el nuevo Gobierno, el sindicato avisa de que los programas que se pusieron en marcha la anterior legislatura bajo el amparo del Decreto 49/2021 están a punto de vencer (algunos lo han hecho esta misma semana) sin que haya un criterio único en las diferentes conselleries sobre cómo proceder.

UGT apunta que el citado decreto permite la prórroga de los programas de teletrabajo, pero sin poder modificar ningún elemento, ni siquiera añadir o eliminar puestos susceptibles de teletrabajar. Se trata de una rigidez que, tal como el sindicato denunció de forma reiterada la negociación de la norma, obstaculiza que el personal empleado público puede ejercer el derecho a teletrabajar.

Ante esta situación, UGT insta al Consell a llevar a cabo las actuaciones pertinentes para que se mantengan los programas o se aprueba con urgencia nuevos que sustituyan a los antiguos de forma que quienes estén teletrabajando puedan hacerlo con normalidad.

Cambios normativos

A corto plazo, UGT pide a los nuevos gestores cambios en la norma para que el teletrabajo sea configurado realmente como un derecho de las personas empleadas públicas en la Generalitat y que no que en manos de la voluntad de las subsecretarías o direcciones correspondientes, como ocurre actualmente, y que ha generado un agravio comparativo entre personal de unos departamentos y otros.

Cabe recodar que el informe sobre teletrabajo elaborado por UGT Serveis Públics antes del cambio de Gobierno (basado en los datos facilitados por las propias conselleries), ya evidenciaba que era necesario dar una vuelta de tuerca para extender el teletrabajo en el empleo público y acabar con la arbitrariedad en su concesión.

Desde que el decreto que regula el teletrabajo entró en vigor se han presentado un total de 30 programas de teletrabajo por parte de 14 departamentos que afectan a 3.973 puestos. Dado que el total de empleadas y empleados públicos asciende a 19.900 personas, ello supone que los puestos susceptibles de teletrabajar es de 3.973, es decir, por debajo del 20%.

 Desde que el decreto que regula el teletrabajo entró en vigor se han presentado un total de 30 programas de teletrabajo (el instrumento previo necesario para ofertar los puestos susceptibles de modalidad no presencial de trabajo) por parte de 14 departamentos (conselleries y entidades públicas) que afectan a 3.973 puestos. Dado que el total de empleadas y empleados públicos asciende a 19.900 personas, ello supone que los puestos susceptibles de teletrabajar es de 3.973, es decir, por debajo del 20%.

El estudio revela también que hay organismos que no habían presentado ningún programa  para teletrabajar (Presidencia de la Generalitat, conselleries de Justicia, Sanidad y Educación, IVIA, Invassat o IVAJ), mientras que otros, como Economía, habían presentado varios. Labora, por ejemplo, ha publicado un total de nueve programas y la Conselleria de Política Territorial, cinco.

UGT confía en que Función Pública convoque la Comisión de control del teletrabajo y que este encuentro sirva para fijar criterios comunes en todas las conselleries y, sobre todo, para mejorar el actual decreto y aclarar el futuro de este derecho.