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UGT pide cambios normativos para ‘democratizar’ el teletrabajo en la Generalitat

El sector de Autonómicas de UGT Serveis Públics del País Valencià solicitará formalmente a Consell cambios en el Decreto 49/2021 que regula el teletrabajo en la Generalitat con el fin de “democratizar” esta modalidad de trabajo y que se configure como un derecho real del personal empleado público al que se pueda acceder en condiciones de igualdad para todas las personas interesadas y no a requerimiento de las subsecretarías de las conselleries. Un informe eleaborado por UGT SP constata que, tras dos años de entrada en vigor de esta norma, los resultados no son todo lo satisfactorios que se esperaba ya que, a fecha de hoy, sólo uno de cada cinco trabajadores y trabajadoras de la Generalitat tienen opciones de teletrabajar.

El informe, basado en los propios datos que las distintas conselleries han facilitado, evidencia que es necesario dar una vuelta de tuerca para extender el teletrabajo en el empleo público. En este tiempo, se han presentado un total de 30 programas de teletrabajo (el instrumento previo necesario para ofertar los puestos susceptibles de modalidad no presencial de trabajo) por parte de 14 departamentos (conselleries y entidades públicas) que afectan a 3.973 puestos. Si se tiene en cuenta que el total de empleadas y empleados públicos asciende a 19.900 personas, ello supone que los puestos susceptibles de teletrabajar según programas es de 3.973, es decir, por debajo del 20%. El estudio revela también que hay organism os que no han presentado todavía ningún programa  (Presidencia de la Generalitat, conselleries de Justicia, Sanidad y Educación, IVIA, Invassat o IVAJ), mientras que otros departamentos han presentado varios. Labora, por ejemplo, ha publicado un total de nueve y la Conselleria de Política Territorial, cinco.

La conclusión es que las posibilidades de teletrabajar en la Generalitat no son iguales para todo el funcionariado ya que depende de la voluntad del departamento en el que el puesto esté asignado. Además, es necesario la homogeneización de las condiciones de prestación del servicio mediante teletrabajo de forma que el reparto de días de teletrabajo / presencialidad sea similar, así como el porcentaje mínimo de personas en la oficina u otros aspectos del régimen jurídico. También es importante la flexibilización de los programas, de manera que puedan ser modificados de forma puntual a lo largo de su vigencia sin esperar a comenzar de nuevo. Además, después de consultar con personas expertas, UGT reclama una evaluación sobre el impacto de género del teletrabajo en  el empleo público para que esta herramienta suponga un verdadero avance en materia de igualdad y no acabe siendo una trampa para las empleadas públicas. Otros asuntos que debe tenerse en cuenta es la prevención del acoso digital por razón de sexo, la desconexión digital o el liderazgo de equipos a distancia.

También es necesario un análisis de la evaluación del desempeño y la eficiencia en la prestación del servicio público mediante el teletrabajo, así como el respeto y cumplimiento de los principios de prevención de riesgos laborales.

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