- Los presupuestos de la Generalitat para 2023 tienen consignada una retención de crédito de más de 37 millones para el incremento y la actualización de la financiación de los centros concertados
- Todas las patronales y los sindicatos mayoritarios en los Servicios Sociales concertados acuerdan ante el riesgo de colapso de los centros emprender movilizaciones si el Consell no ejecuta la modificación de los módulos económicos
Los centros concertados del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales que atienden a personas mayores dependientes, personas con discapacidad, menores tutelados y personas en riesgo de exclusión social se encuentran actualmente al borde del colapso.
Estos centros, que atienden a más de 15.000 personas y representan dos terceras partes del total de usuarios atendidos por el sistema público de servicios sociales en el ámbito de la atención secundaria tanto general como especializada, actualmente se encuentran financiados con precios y salarios calculados en el año 2018, lo que lastra su gestión no solo en términos de calidad, sino también en viabilidad, ya que los costes actuales de la energía, la alimentación, y el simple mantenimiento de los inmuebles no se corresponde con los precios de hace un lustro.
Las asociaciones patronales y sindicales de los servicios sociales concertados pactaron con el Gobierno del Botànic, mediante acuerdo expreso firmado en noviembre de 2022, una revisión al alza de la financiación de los centros para el periodo 2023-2026, la cual incluía la homologación salarial progresiva de los profesionales del sector con las empleadas y empleados públicos de la Generalitat en el ámbito de los Servicios Sociales publicada en el DOGV el pasado mes de mayo en forma de Acuerdos Interprofesionales.
Como consecuencia de todos estos acuerdos, el anterior ejecutivo consignó en presupuestos de 2023 más de 37 millones de euros destinados a financiar la modificación de módulos económicos de la acción concertada, cuya tramitación administrativa fue iniciada el pasado mes de marzo, pero que aún no ha sido resuelta, debido a las elecciones, y a falta únicamente de firma por parte de la actual Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Firma que lleva retrasándose desde hace 3 meses, y que está provocando ya en algunos casos que haya centros que no puedan garantizar la viabilidad a corto plazo de su existencia.
Como consecuencia de la inacción del actual ejecutivo, las asociaciones patronales y sindicales de los Servicios Sociales concertados se reunieron el pasado 25 de octubre y han acordado iniciar movilizaciones de no procederse a la inmediata y efectiva ejecución de la modificación de los módulos económicos de los centros.
A su vez le han remitido un escrito a la Vicepresidenta segunda para que sea convocada con carácter urgente la Mesa de Acción Concertada regulada en el Decreto 217/2022, de 16 de diciembre, del Consell, con el objeto de conocer entre otros asuntos, y ante la falta de información, cuándo va a ejecutar esta Conselleria el crédito consignado para el presente año, y si los citados incrementos pactados para la financiación de los centros están siendo tomados en consideración para la elaboración de los presupuestos de la Generalitat para el año 2024.
UGT Serveis Públics del País Valencià convocó la semana pasada una protesta frente a la sede de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Igualdad y Servicios Sociales y tuvo ocasión de trasladarle personalmente a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, las exigencia del sector.
