Mayte Montaner Soria, secretaria general de UGT Serveis Públics, reflexiona en este artículo de opinión publicado esta semana el diario Levante-EMV sobre la importancia del sindicalismo de clase en un momento en que la derecha intenta desprestigiar la necesaria acción sindical.
El año 2025 es para la Federación de Serveis Públics UGT PV un año congresual. Abordamos un proceso interno clave que supone mucho más que elegir personas. Las personas son importantes pero, por encima, están las propuestas, los proyectos. La participación en el diseño de la política sindical de la federación para los próximos cuatro años es más necesaria que nunca para enriquecer el proyecto con diferentes miradas. El pensamiento único nos empequeñece como organización; necesitamos nuevas ideas, nuevas fórmulas para el sindicalismo del siglo XXI, nuevos modelos de liderazgo más participativos y horizontales. Ahora bien, hay algo que no debe cambiar que es la columna vertebral de este sindicato: la defensa de los servicios públicos como garantía democrática, como instrumento igualador de derechos.
Soy consciente de que este proceso de adaptación y de compromiso con nuestros valores se produce en tiempos difíciles. Por suerte, al menos en España, no estamos en la ciudad inhóspita que describió Dickens pero, mucho cuidado, ya que no hay que irse tan lejos para encontrar a quienes les gustaría que nada se interpusiera entre patronal y clase trabajadora. Denostar el sindicalismo de clase se ha convertido desde hace ya algún tiempo en espacio común para la derecha política y mediática.
Los partidos de ultraderecha no ahorran en epítetos ni disimulan su animadversión hacia el sindicalismo al que tratan de desprestigiar por el hecho de recibir subvenciones públicas. La Constitución consagra el papel de los sindicatos como organizaciones básicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales y formula el derecho de libertad sindical como un derecho fundamental. Parece pues lícito y legítimo que los sindicatos cuenten con una pequeña partida a cargo de los presupuestos públicos con el fin de poder ejercer las funciones constitucionalmente atribuidas ya que negocian y defienden los derechos e intereses de todos los trabajadores y trabajadoras estén afiliados o no. Sirvan como ejemplo el incremento del SMI, el Acuerdo de pensiones, la reducción de la jornada laboral, etc. En caso contrario, todo el coste de la acción sindical recaería íntegramente sobre su afiliación. Y vaya por delante que no es el caso de UGT Serveis Públics PV que se financia exclusivamente con las cuotas de sus afiliados y afiliadas. Aún así, resulta hilarante la hipocresía de determinados partidos políticos respecto a este tema cuando, que se sepa, ninguno, ni de derechas ni de izquierdas, ha renunciado nunca a las subvenciones que democráticamente le corresponden.
Me atrevería a responder que es porque son muy conscientes de que los sindicatos -y más concretamente los sindicatos de clase que además defienden un modelo de sociedad igualitario y democrático asentado sobre la justicia social- son el último muro de resistencia frente a los intereses del capital
Y en este punto cabe preguntarse por qué esa inquina hacia los sindicatos. Me atrevería a responder que es porque son muy conscientes de que los sindicatos -y más concretamente los sindicatos de clase que además defienden un modelo de sociedad igualitario y democrático asentado sobre la justicia social- son el último muro de resistencia frente a los intereses del capital. Y porque son agentes esenciales de redistribución de la riqueza a través de la negociación colectiva.
Que las derechas intenten descreditar el sindicalismo no sorprende. Lo más preocupante es que voces supuestamente de izquierdas compren, con lazo incluido, un discurso desprovisto de conciencia de clase y cargado de tópicos. Y cuando se compra el relato, se compra completo. Estereotipar y estigmatizar a organizaciones como la nuestra hasta el punto de caricaturizar su existencia resulta sencillo. De eso, las funcionarias y los funcionarios, lamentablemente, sabemos mucho.
La UGT Servicios Públicos cuenta con alrededor de 30.000 afiliados y afiliadas en la Comunitat Valenciana y, en contra de la idea que se pretende trasladar a la opinión pública, crece día a día. También esto merece una reflexión. A mi juicio, las empleadas y empleados públicos se sindican mayoritariamente porque ven amenazadas sus condiciones laborales y buscan espacios colectivos de protección frente a la vulnerabilidad individual y voces organizadas que reivindiquen sus derechos.
