El gabinete técnico jurídico de UGT Servicios Públicos ha analizado la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de junio de 2024 en la que sugiere a los tribunales españoles que analicen si la normativa nacional (incluida la Constitución Española) y la jurisprudencia nacional (la del Tribunal Supremo), contempla medidas adecuadas para sancionar de manera efectiva el abuso en el nombramiento de personal temporal. En esta resolución vuelve a sugerir que la conversión automática (de temporal a fijo) puede ser una medida adecuada para sancionar el abuso en los nombramientos temporales, pero con un condicionante importante: “siempre que no implique una interpretación contraria al derecho nacional”.
Aunque las argumentaciones del TJUE parecen ir encaminadas a no considerar adecuadas las medidas normativas y jurisprudenciales que se vienen aplicando; en su conclusión, lo condiciona a que “no sean medidas proporcionadas, efectivas y disuasorias”. El TJUE no interpreta esta condición y lo deja en manos de los tribunales nacionales. De ello deriva, a entender de UGT SP, que el TJUE no desacredita ni pone en cuestión los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021.
Con todo, desde UGT Servicios Públicos se exige que se resuelva de manera definitiva una situación que está generando una gran inseguridad jurídica del todo inasumible, máxime si tenemos en cuenta que detrás de todo ello hay personas que quieren aclarar y resolver su situación vital y profesional, así como un modelo de función pública en el que deben concurrir los principios de objetividad, neutralidad, profesionalidad, competente, así como inamovilidad en la condición de empleado público, etc., que sirven para confeccionar una Administración al servicio del Estado de Derecho y de la sociedad en general.
Por su interés compartimos el informe completo, así como la sentencia europea.
