La Ley 5/2024, básica de bomberos y bomberas forestales, ha cumplido un año desde su publicación en el BOE. Aunque supuso un avance histórico en reconocimiento profesional y protección laboral, su aplicación sigue siendo desigual entre comunidades autónomas.
Durante este año, los bomberos y bomberas forestales han vuelto a enfrentarse a situaciones extremas: inundaciones que afectaron a la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha o Andalucía, y campañas de incendios marcadas por condiciones meteorológicas adversas, dejando algunos de los peores datos del siglo.
Uno de los avances más destacados ha sido la modificación del Real Decreto 383/2008, que extiende el coeficiente reductor de la edad de jubilación al colectivo. Sin embargo, mientras algunas comunidades facilitan la emisión de certificados de años trabajados, otras ponen trabas injustificadas a profesionales que llevan años protegiendo montes, viviendas y vidas.
UGT ha presentado aportaciones al Real Decreto que desarrollará la prevención de riesgos laborales y modificaciones en la regulación de jornadas especiales para garantizar que cualquier administración —pública o empresa— cumpla la normativa con independencia de la comunidad autónoma.
Seguimos esperando la constitución de la comisión encargada de evaluar el reconocimiento como enfermedades profesionales de patologías asociadas a la actividad del colectivo.
La Ley 5/2024 tiene un objetivo claro: homogeneizar derechos mínimos para todo el colectivo. Es una ley de obligado cumplimiento y su plazo para implantarse ya ha concluido. No caben excusas ni retrasos.
Desde el Sindicato Profesional de Bomberos y Bomberas Forestales de UGT Servicios Públicos permaneceremos vigilantes y exigiremos que la Ley se aplique en todas las comunidades autónomas.
