|
|
|
UGT Y CCOO con más del 70% de la representación de la plantilla, denuncian que Correos ha vuelto a imponer unilateralmente la reducción de medidas preventivas, al modificar las instrucciones de entrega de envíos registrados a domicilio, medidas preventivas anti-COVID que han resultado ser eficaces desde el inicio de la pandemia, y ahora parece que ignoran que ésta todavía no ha terminado, además de obviar las recomendaciones de las autoridades sanitarias para mantener alta la guardia y no relajarse en la prevención contra la COVID-19, algo que pone en riesgo tanto la salud de la plantilla de reparto como la de la ciudadanía con la que contacta diariamente.
Ambos sindicatos denuncian que desde el pasado 10 de mayo, la empresa postal pública, dirigida por Juan Manuel Serrano decidió, unilateralmente, que los destinatarios/as de notificaciones, burofax y telegramas tuviesen que volver a firmar físicamente la recepción de estos envíos, cuando desde el principio de la pandemia, para garantizar el mínimo riesgo de contagio, estas entregas se estaban realizando sin contacto físico entre el personal de reparto y el ciudadano/a con plena validez legal. Este cambio se impuso con la oposición unánime de toda la representación sindical, porque incrementaba el riesgo de contagios por COVID, al obligar a que existiesen contactos interpersonales innecesarios, aunque la dirección de la empresa ignoró las denuncias sindicales e impuso la eliminación de medidas preventivas.
A partir del 1 de julio, Correos ha dado un paso más en la reducción de medidas de seguridad y agrava la situación al ordenar volver a repartir a domicilio todos los envíos con entrega contra reembolso, que desde el inicio de la pandemia se entregaban en las oficinas. El cambio supone un importante incremento del riesgo de contagios, porque además de obligar a recoger físicamente la firma del ciudadano/a, se obliga a realizar un intercambio de dinero en efectivo, ya que a pesar de que Serrano presume de haber modernizado la empresa en costosas campañas de prensa, parece que ningún cargo directivo ha pensado en dotar al personal de reparto de Correos de datáfonos móviles o tecnología que permita el pago con tarjeta para evitar el contacto interpersonal.
CCOO y UGT denuncian que ambos cambios obedecen exclusivamente a motivos económicos, ya que en el caso de las notificaciones la empresa se pliega a los deseos de los grandes clientes para evitar tener que pagar indemnizaciones, y en el caso de los reembolsos, intentan aprovechar un cambio normativo en la fiscalidad de los envíos provenientes de fuera de la Unión Europea -que precisamente entra en vigor el 1 de julio- para cobrar a los destinatarios/as una cantidad añadida por la gestión de la liquidación del IVA transfronterizo. Estamos ante maniobras empresariales para evitar gastos y generar nuevos ingresos cobrando a los destinatarios/as por este nuevo servicio. La decisión de desviar hacia el reparto domiciliario más de 60.000 envíos diarios para que dejen de entregarse en las oficinas no se hace por motivos preventivos, sino para evitar la bochornosa imagen de las colas de la ciudadanía ante las oficinas, ya de por sí habituales a consecuencia de los recortes de horarios de atención y de plantillas.
La actitud de Juan Manuel Serrano, anteponiendo de manera interesada e irresponsable el beneficio económico y el negocio a la salud de la plantilla de Correos y la ciudadanía, no es nueva ya que hay que recordar que en marzo de 2020 obligó a salir a reparto a los trabajadores/as a pesar de no disponerse de medios de protección algunos, o que ordenó el inicio de una precipitada vuelta a la normalidad desde primeros de mayo sin respetar las fases establecidas por el Gobierno. La gestión de la pandemia ha sido objeto de una fortísima polémica sindical en Correos, en la que se han visto afectados más de 15.000 de sus cerca de 50.000 trabajadores/as, 4.500 de los cuales han pasado la enfermedad, mientras no se hacía nada por conseguir la vacunación de un colectivo laboral que el Gobierno decretó prestador de un servicio esencial.
CCOO Y UGT se han vuelto a oponer a este nuevo cambio, han exigido que se vuelva atrás en la decisión adoptada, y que todos los envíos registrados, sean del tipo que sean, vuelvan a entregarse sin que sea necesario recoger la firma física de la persona destinataria. También han propuesto que, para evitar tener que manejar dinero en efectivo, en tanto no se dote al personal de reparto de datáfonos o tecnología que permita el cobro con tarjeta de manera preferente, se continúen entregando todos los envíos contra reembolso en las oficinas, reforzando las plantillas y ampliando horarios de atención al público si fuese preciso. Con estas propuestas de la parte sindical se evitaría que en la práctica un repartidor/a visite a decenas de personas sucesivamente, intercambiando contactos y dinero en metálico en condiciones en las que es muy difícil garantizar la seguridad, poniendo en riesgo tanto la salud del personal de reparto como de la propia ciudadanía.
