UGT suspende la huelga en servicios sociales al alcanzar un acuerdo para la financiación de los centros y los salarios

UGT Serveis Públics del PV ha alcanzado  un acuerdo con la Vicepresidenta  Primera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, por el cual la administración se compromete a dotar a los Servicios Sociales de la financiación suficiente en los próximos años para garantizar la aplicación de los acuerdos salariales pendientes y su mejora.

Para ello, la Conselleria de Servicios Sociales abrirá un espacio de diálogo de forma inminente entre organizaciones sindicales y patronales con el objeto de concretar un acuerdo de financiación de los centros, programas y servicios de gestión indirecta del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales para el periodo 2025-2030. Este acuerdo garantizará, una vez alcanzado, la aplicación efectiva de incrementos salariales y la estabilidad financiera de las entidades.

Así mismo, Vicepresidencia se ha comprometido, a propuesta de la UGT, a iniciar en el presente año la tramitación de los expedientes de licitación de los contratos públicos caducados en todos los sectores.

Como consecuencia de este compromiso de acuerdo, UGT ha decidido suspender la convocatoria de huelga general del próximo día 19 de febrero  en aras de facilitar desde el diálogo el desarrollo de los acuerdos alcanzados. Ahora bien, el sindicato estará vigilante para que la Conselleria cumpla su compromiso y de manera urgente se aborde la dignificación de un sector clave para el Estado de Bienestar.

Tras las reuniones mantenidas los últimos días, la administración ha aceptado la sugerencia del sindicato de incluir en la agenda de esta legislatura la tramitación de una propuesta de Ley de la Acción Concertada, que permita la continuidad, estabilidad y seguridad jurídica del modelo de concertación en la Comunitat Valenciana para los próximos años y que abra la vía del pago delegado. Por último, también a instancias de UGT Serveis Públics PV, Vicepresidencia se compromete a garantizar la estabilidad en el empleo de las personas trabajadoras de los Servicios Sociales con motivo de las posibles modificaciones que puedan sufrir los requisitos de titulación y acceso al empleo en el desarrollo normativo.

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