La secretaria general Mayte Montaner alerta en las Corts del retroceso en la calidad democrática que supone renunciar a la mayoría cualificada para nombrar la dirección y explica que la propuesta de incide en la indefinición de la naturaleza jurídica de la entidad y genera problemas para la gestión del personal cuya inamovilidad queda comprometida
La secretaria general de la Federación de Serveis Públics de UGT del País Valencià, Mayte Montaner, ha comparecido este viernes, 3 de mayo, en las Corts para en el trámite de participación ciudadana aportar las reflexiones de la organización sobre la proposición de ley de modificación de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. Durante su intervención, Montaner ha rechazado el cambio propuesto por el grupo parlamentario popular para que en una segunda vuelta la dirección de la Agencia pueda ser elegida por mayoría absoluta y no por la cualificada de tres quintos recogida en la ley en vigor al considerar que supone un retroceso en la calidad democrática.
Montaner ha defendido que «las mayorías reforzadas o cualificadas están pensadas para lograr el mayor consenso en cuestiones sensibles o de gran trascendencia». Ha subrayado que, aunque Antifraude no es un órgano estatutario, se trata de una entidad que tiene atribuida la función de policía, capacidad fiscalizadora y potestad sancionadora y, por tanto, «la elección de su dirección requiere de todo el esfuerzo por parte de los grupos parlamentarios para elegir a una persona de reconocido prestigio, fruto del acuerdo, para que pueda desempeñar sus funciones con las mayores garantías y total independencia».
«Es mucho lo que está en juego. En unos momentos de gran polarización, en los que la política requiere de diálogo y de entendimiento, no debemos renunciar de entrada a alcanzar acuerdos», ha dicho.
Por otro lado, y al inicio de su intervención, Montaner se ha referido a la naturaleza jurídica de la Agencia y ha instado a los diputados y diputadas de todos los grupos a abordar con urgencia con el objetivo de resolver la indefinición jurídica que invade a la Agencia desde su creación y que supone un grave problema para delimitar la capacidad de la propia Agencia y, por ende, la situación de sus trabajadores y trabajadoras. Una cuestión de la que, desde UGT-Serveis Públics, ya se advirtió en el momento de su creación, ha recordado.
«Es mucho lo que está en juego. En unos momentos de gran polarización, en los que la política requiere de diálogo y de entendimiento, no debemos renunciar de entrada a alcanzar acuerdos»
Montaner ha explicado que Antifraude no es un órgano estatutario, pero tampoco queda claro si es una entidad de derecho público (como sí se recogía en un primer momento en la norma de creación), una entidad pública empresarial, a ambas o a ninguna. La indefinición se traslada a las condiciones del personal que presta servicios en la Agencia que se nutre de personal funcionario de otras administraciones.
Garantía de inmovilidad
Montaner ha relatado que en la actualidad la plantilla de Antifraude no goza de suficientes garantías de inamovilidad pese a que es la máxima garantía de imparcialidad e independencia de un servidor público. Y ha dado datos: en la actualidad, la relación de puestos de trabajo de la entidad está compuesta por 28 puestos por Libre Designación y 23 provistos por concurso específico. La dirigente sindical ha recordado que este tipo de concurso es una forma de provisión extraordinaria menos objetiva que el concurso ordinario. «Más de la mitad de la plantilla puede ser cesada discrecionalmente», ha aclarado y se ha preguntado. En este sentido, ha alertado de que ante un cambio de dirección, podría darse un movimiento de personal, ya que la libre designación se concreta en cierto margen de confianza. Y la ausencia de garantías en el puesto no sólo afecta al personal, sino que repercute en el correcto funcionamiento de la Agencia en el desarrollo de su actividad, principalmente en la función investigadora que requiere de cierto tiempo», ha manifestado.
Además, la rotación del personal es una realidad ya que en los últimos años, se han producido 33 ceses de 46 personas trabajadoras. una situación que no tiene parangón en una entidad ni administración ni tan si quiera en un gobierno, según ha explicado. Respecto a la propuesta de que las retribuciones del director general sean acordadas por la Mesa de las Corts sin ningún tipo de límite, ha apuntado qeu implica discrecionalidad por parte de la Mesa de les Corts, cuya mayoría se corresponde con la mayoría parlamentaria. «Podría darse la situación de que una mayoría parlamentaria controle la designación de la dirección y determine sus retribuciones sin límite alguno, lo que resulta muy poco ético para una institución que precisamente tiene capacidad para obrar en todas aquellas actuaciones que puedan ser reprochables por contrarias a la ética pública», ha concluido.
