La plataforma formada por los sindicatos UGT, CCOO, CIG, CSIF, SITSS, SISLASS, UPIT y USESS han convocado mañana miércoles 25 una jornada de huelga en los centros de trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para denunciar el incumplimiento del acuerdo suscrito en julio de 2021 con el Gobierno para la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores. Los sindicatos convocantes retoman las movilizaciones después de que los ministerios implicados (Trabajo y Hacienda) hayan incumplido todos los plazos. La generosidad y el margen de tiempo concedido por las organizaciones sindicales para ejecutar los acuerdos no han servido para que el Gobierno cumpliera, sino para acentuar los problemas existentes y hacer más compleja la solución necesaria. Agotado el año 2022 se ha desperdiciado más del 20% del presupuesto recogido el pasado año para la Inspección de Trabajo que ha quedado sin ejecutar, de manera que el organismo ha obtenido la peor ratio de su historia en cuanto a ejecución presupuestaria. No son aceptables las excusas ni de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno ni del Ministerio de Hacienda y Función Pública, responsable directo bloqueo del acuerdo. Mientras tanto el deterioro en nuestro organismo roza niveles peligrosos que ponen en cuestión la capacidad de respuesta del mismo.
Así, desde el Gobierno se anuncian y comprometen nuevas medidas y actuaciones que conllevan mayor presión sobre la debilitada estructura de este organismo y suponen un aumento de las cargas de trabajo y de la complejidad y dificultad de la tarea. No obstante, el Gobierno no es capaz de dar un solo paso que permita reforzar y asegurar la capacidad de la institución a la hora de responder, con calidad, a cada uno de los retos que recaen sobre ella, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía que sufre las consecuencias de este colapso.
La plantilla de la Inspección de Trabajo en la Comunitat Valencia (personal público dependiente del la Administración General del Estado) está integrada por un total de 331 personas en las tres provincias: Valencia (167 efectivos), Alicante (117) y Castelló (47). Ángel López Solano, responsable del personal funcionario del sector Administración General (AG) de UGT Serveis Públics País Valencià, relata que el colectivo trabaja en situaciones de precariedad que repercuten en la ciudadanía. “La falta de personal en todos los cuerpos (generales y de inspección activa)
conlleva que muchas prestaciones se cobren con atraso o que algunas actuaciones no se realicen con la rapidez necesaria atendiendo su naturaleza”, apunta. Y pone ejemplos: las altas en la seguridad social, las actuaciones o informes ante accidentes de trabajo, los ERTES, la prevención de riesgos, etc. “Esto perjudica sobremanera a la parte más débil, que son personas trabajadoras». añade.
