Un junio atípico y fresco daba paso al tercer julio más cálido desde que se tienen registros, marcando lo que iba a ser el epicentro de la época de riesgo alto por Incendios forestales en España, o más concretamente el periodo de riesgo extremo por IIFF.
Mientras las diversas comunidades autónomas y el propio Ministerio alardeaban de cifras positivas en el bajo número de hectáreas quemadas, los medios de comunicación y la ciudadanía obviaba los recortes en personal, los incumplimientos de derechos y sobre todo el anuncio de un gobierno que prometía una ley de Estatuto Básico para las más de 20.000 bomberas y bomberos forestales del país, que no ha cumplido, pese a llevarlo en su programa electoral.
Con este panorama agosto abría con simultaneidad de incendios en el centro del territorio y con el noroeste peninsular ardiendo por los “cuatro costados”, dejando al descubierto las deficiencias de los dispositivos contra incendios autonómicos como el Castellano leonés, al que el secretario general de UGT Pepe Álvarez pudo comprobar su nefasto estado en infraestructuras y falta de estabilidad laboral en el poco personal que la junta tiene, en las diversas visitas realizadas. Aunque no es la única autonomía, puesto que las también continuas denuncias de territorios como Cataluña que cerró casi el 70% de sus torres de vigilancia, Andalucía y Castilla-La Mancha con falta de personal, Aragón recortando meses de trabajo o, Madrid con un convenio obsoleto desde hace más de una década, han sido desoídas por unos dirigentes “kamicazes” que cada año siguen jugando con un fuego del que se pueden quemar. Agosto ha seguido su ritmo, y poco a poco ha ido quemando más y más masa forestal, aumentando las estadísticas estatales, con fuegos continuos en la Comunidad Valenciana, el durísimo Grafía en Canarias y como colofón un final de mes de infarto donde hemos visto la virulencia de estos fuegos de 6ª Generación con Estepona (Málaga) y Almonaster la Real (Huelva) de nivel 2 con más de 10.000ha. quemadas (estimaciones provisionales) y unas 3.000 personas evacuadas, que nos demuestran que estos fuegos son una emergencia climática y social hecha realidad; Hemos pasado de un futuro que creíamos amenazador a un presente aterrador.
Mismas condiciones han sufrido el norte extremeño, que con “IFAldehuela”, en la comarca de la Hurdes que alcanzó nivel 2 y tuvo dos poblaciones evacuadas. Aunque sin hablar de evacuaciones, pero con un gran daño medioambiental y ecológico, ese está siendo el incendio forestal de Cabezuela del Valle (Cáceres), en el corazón de Gredos y al que la comunidad Extremeña ha llegado a tal desborde que están teniendo que participar en su extinción autonomías colindantes como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y los medios del ministerio. Este incendio es el claro ejemplo de la demanda que desde FeSP-UGT con la Coordinadora Estatal de Bomberos Forestales se viene realizando para la aprobación del Estatuto Básico de la Bombera y el Bombero Forestal. Y es que en dicho IF han participado BBFF de las dos castillas, Madrid o el MITECO con las BRIF, dejando una variedad de salarios, categorías, jornadas de trabajo, descansos, EPIs, y un largo etcétera, para la realización del mismo cometido; la Extinción del Incendios Forestal.
¿Qué nos demuestra esto? El hecho no hace más que dar la razón a UGT y poner en evidencia que mientras no se homogenicen los SEPIF autonómicos y Estatales en un texto de mínimos que amparen los derechos básicos y fundamentales de los miles de profesionales de la Extinción de Incendios Forestales, el fuego en España seguirá siendo un negocio para unos pocos y no un servicio público de calidad para la ciudadanía. Que además de hacernos perder cada vez más ecosistemas, pone en peligro a poblaciones y a sus ciudadanos, pero que sobre todo sitúa en un mayor riesgo al personal Bombero Forestal que cuida y protege de nuestros montes y bosques frente a la lacra de los Incendios Forestales en España.
