El sindicato denuncia que la integración del área en Justicia responde a un cálculo electoral y advierte del colapso inminente para la gestión de ayudas o licitaciones
UGT Serveis Públics del País Valencià manifiesta su más absoluto rechazo a la decisión del presidente de la Generalitat, Juan Pérez Llorca, de disolver la Conselleria de Servicios Sociales y degradarla a un mero apéndice integrado en la Conselleria de Justicia. Para el sindicato, esta remodelación, motivada por la marcha de la actual titular como candidata al Congreso, obedece exclusivamente a intereses partidistas y cálculos electorales, dando la espalda a las necesidades reales de la ciudadanía valenciana.
El sindicato denuncia que rebajar el rango institucional de los Servicios Sociales supone un desmantelamiento de facto de un pilar del Estado de Bienestar, además de que aboca al colapso económico al sector de colaboración público-privado que gestiona el 80% de los servicios sociales en la Comunitat Valenciana. UGT advierte de que fusionar dos carteras sin relación funcional directa, como son Justicia y Servicios Sociales, provocará una pérdida inasumible de peso político y presupuestario en las políticas destinadas a proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, además de una parálisis administrativa inasumible a dos meses de cierre de la ejecución presupuestaria.
El sindicato califica de «temeridad política» someter a este departamento a una reestructuración interna de tal magnitud a escasos nueve meses de la cita electoral autonómica. La integración de consellerias exige meses de rediseño burocrático, modificación de Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), reasignación de competencias y cambios de firmas, entre otras cuestiones, claves para la gestión.
Teniendo en cuenta que esta conselleria ya había sufrido recientemente un cambio de titularidad, la decisión del presidente Llorca obliga a los equipos a empezar de cero una vez más. Esta inestabilidad crónica aboca a los Servicios Sociales a un bloqueo administrativo total que tendrá consecuencias dramáticas y directas sobre expedientes vitales.
UGT Serveis Públics PV alerta del impacto inmediato que esta parálisis tendrá en asuntos claves de la Conselleria, como la aprobación de pliegos para el sostenimiento de residencias y centros de día, cobertura de puestos de atención directa en los centros, expedientes de pago, gestión de contratos-programa y acción concertada o todo lo que tiene que ver con la gestión de todos los centros públicos que dependen de las direcciones territoriales (centros de menores, residencias, etc). Además, UGT teme retrasos en la gestión de ayudas de emergencia, Renta Valenciana de Inclusión o tramitación de las listas de espera del sistema de Dependencia, entre otras ayudas esenciales. Las personas dependientes y las familias en riesgo de exclusión social no pueden quedar a la espera de que el Consell resuelva sus movimientos de sillones.
Por otro lado, el sindicato alerta de que el sector de colaboración público-privada puede irse al traste ya que un cambio de competencias supone cambio de firmas y el reinicio de procedimientos ampliación o modificación presupuestaria que los financia. Por ejemplo, quedará paralizada sine die la renovación de los contratos caducados de servios sociales, los expedientes de enriquecimiento injusto, la resolución de subvención del IRPF, las adendas del contrato programa con los ayuntamientos, la revisión o actualización de los módulos económicos del concierto de servicios sociales, que afecta al 60% de centros y residencias que operan en la actualidad. También retrasará, según UGT, la construcción de las residencias y centros propios que iba a iniciar la conselleria. “El sector puede morir por inanición económico por un problema de organización interna cuando quedan dos meses para ejecutar el presupuesto, será un colapso”, apuntan fuentes sindicales.
Asimismo, el sindicato denuncia la situación de incertidumbre laboral y desorganización a la que se aboca a los empleados y empleadas públicos del departamento. Serán las plantillas, que ya soportan una carga de trabajo extrema, quienes sufrirán la sobrecarga derivada de los retrasos administrativos y quienes tendrán que dar la cara ante una ciudadanía legítimamente frustrada.
Por todo ello, UGT Serveis Públics PV exige al presidente de la Generalitat que rectifique de manera inmediata, revoque esta fusión y nombre a un titular exclusivo al frente de la Conselleria de Servicios Sociales. El Gobierno valenciano debe garantizar la continuidad y el funcionamiento ininterrumpido de estas políticas esenciales hasta el final de la legislatura, demostrando que su prioridad es la atención a las personas y no cuadrar las listas electorales de su partido.
Por la importancia -para la ciudadanía y para el personal empleado público- de los Servicios Sociales, es imprescindible que la Conselleria tenga una entidad propia y diferenciada; más teniendo en cuenta su complejidad, los agentes implicados, la normativa pendiente de aplicar (sobre las tipologías de los centros) o la gestión presupuestaria, añaden desde UGT.
