UGT Serveis Públics del País Valencià prepara movilizaciones en las universidades públicas en protesta por el bloqueo al que se encuentra sometido el convenio colectivo del personal laboral después de cinco años de alcanzar un preacuerdo entre las tres partes y que éste haya quedado en vía muerta.
La Comunitat Valenciana cuenta con cinco universidades públicas con tablas salariales diferentes para el personal laboral, una situación injusta que genera agravios comparativos y que de forma inexplicable sigue sin resolverse. La disparidad de las retribuciones según la universidad contratante alcanza una media de 1.800 euros anuales entre el conjunto del personal laboral y supera incluso los 2.500 en figuras concretas, como es la del profesorado asociado. Por otro lado, además de la necesaria homogeneizacion, las tablas salariales deben incrementarse ya que son las más bajas de toda España. Más de 6.700 personas (personal docente e investigador, de administración, etc.) está a la espera de una solución que no llega.
En realidad, toda la situación es insólita. Somos la única comunidad autónoma de toda España que no dispone de un convenio colectivo que incluya todas las figura laborales vigentes y la negociación de este acuerdo suma ya más de ocho años. De hecho, después de más de tres años de negociaciones, el 24 de abril de 2019 sindicatos, universidades y el departamento de Universidades de la Generalitat firmó un preacuerdo del convenio colectivo, que ha quedado en papel mojado porque su articulado (en el que se equiparan los salarios) no se aplica. El preacuerdo llevó aparejada una consignación presupuestaria de 21, 7 millones de euros en tres años, por lo que el problema no es de recursos. El escollo, según se nos comunicó en su día, tiene que ver con los límites de incremento de la masa salarial recogidos en la ley de presupuestos del Estado.
El sector de Universidades de UGT Serveis Públics ha puesto encima de la mesa a lo largo de estos años diferentes vías para tratar estas supuestas dificultades jurídicas (desde impulsar enmiendas a la ley de presupuestos hasta solicitar autorizaciones para el pago a los equipos de gobierno de las universidades y a la Conselleria de Hacienda) pero todas las gestiones han sido inútiles. El convenio colectivo en las universidades ha caído en un bucle sin que ninguna de la partes implicadas den solución, con el consiguiente perjuicio para las trabajadoras y trabajadores y, en general, para toda la ciudadanía que precisa un sistema universitario fuerte.
UGT se ha dirigido recientemente por carta a la consellera de Universidades, Josefina Bueno, para exigirle una respuesta sobre la firma definitiva del convenio colectivo, al tiempo que le informa que el sindicato considera agotadas todas las vías de negociación posibles por lo que prepara en breve medidas de conflicto colectivo.
