UGT Serveis Públics del País Valencià reclama al Consell que aborde con las organizaciones sindicales la actualización salarial del personal empleado público de la Generalitat y su sector público instrumental para frenar la pérdida de poder adquisitivo y compensar la desbordada inflación que afecta al bolsillo de la ciudadanía. En concreto, el sindicato insta a la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, a plantear esta cuestión en la próxima reunión de la Mesa General de la Función Pública. El sindicato propone a Bravo que active el fondo compensatorio incluido en los acuerdos de la Mesa General con el Gobierno del Botànic para la recuperación del poder adquistivio y utilice también el mecanismo del complemento compensatorio para, al margen de la decisión que adopte el Gobierno central, compensar a las empleadas y empleados públicos valencianos.
El sector de Administración Autonómica de UGT SP explica que aunque el Estado marca todos los años el incremento salarial del personal a través del capítulo I de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno valenciano tiene mecanismos para ayudar a su personal a recuperar el poder adquisito perdido. De hecho, en su día el Consell acordó con las organizaciones sindicales constituir un fondo para paliar la pérdida del poder adquisitivo del personal. Este fondo está pendiente de constituirse. Además, existe un ccomplemento compensatorio (regulado hace años en la Comunitat Valenciana) que también permite al Consell actualizar las retribuciones de la plantilla. El sindicato toma la palabra a la consellera Bravo quien el pasado miércoles en declaraciones a los medios de comunicación se mostró partidaria de un aumento salarial del funcionariado que afronte la subida desbocada de la inflación en 2022. El sindicato considera que por la vía del fondo y del complemento el Consell puede pasar de las palabras a los hechos y compensar la parte no prevista por el Gobierno de la Nación.
Más de diez puntos en cuatro años
Según los cálculos del sindicato si se cumplen las previsiones de acabar 2022 con una inflación superior al 10%, los empleadas y empleados públicos valencianos habrán perdido en los últimos cuatro años (desde 2019 hasta 2022) más de 10 puntos de poder de compra
Durante ese periodo las modestas subidas salariales han quedado por debajo del incremento del coste de la vida. Así, la infración acumulada en estos cuatro años alcanzaría los 17,7 puntos mientras que los salarios han subido 7,4 puntos. La situación se ha agravado especialmente a partir de 2021 cuando la inflación se situó en el 6,55 al cerrar el año, mientras que el Gobierno central aprobó una subida del 0,9 para el personal público.
Cabe recordar que la pérdida de poder adquisitivo del funcionariado y el personal laboral de la Generalitat y su empresas públicas es histórica y que, aunque ha habido acuerdos favorables en los últimos años, la deuda (agravada por la reducción en un 5% de las pagas extraordinarias acordada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero) no se había saldado antes de esta etapa inflaccionista. De ahí, que la situación actual genera mayor precariedad en el colectivo.
UGT Serveis Públics apela a la responsabilidad del Gobierno del Botànic para que, entre sus medidas para hacer frente a la crisis inflacionista, tenga en cuenta también a sus asalariados y asalariadas y arbitre medidas para paliar el debilitamiento de los sueldos. Así, pide al Ejecutivo que aborde esta situación en la próximo Mesa General de la Función Pública y de forma previa a al elaboración de los presupuestos de la Generalitat de 2022, los últimos de la legislatura, y en los que debería quedar plasmado un gesto hacia el personal empleado público. UGT recuerda que los servicios públicos han sido esenciales para hacer frente a la crisis sanitaria por la pandemia, pero también día a día de la gestión.
