El sindicato recuerda a la titular de Hacienda que la subida es de obligado cumplimiento para el Consell y que el Gobierno ha habilitado ya el pago para su personal
La Federación de Serveis Públics de UGT del País Valencià se ha dirigido por escrito a Consellera de Hacienda, Ruth Merino, para solicitar la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación con el fin de abordar el abono en el ámbito de Generalitat del incremento de las retribuciones del 2%. En la carta, firmada por la secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner, el sindicato recuerda a la responsable de Hacienda que este incremento, fruto del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI de octubre de 2022 firmado por UGT-SP, recibió luz verde del Consejo de Ministros la semana pasada mediante un Real Decreto-Ley que habilita a las administraciones públicas para hacer efectiva esta subida salarial.
La Federación apunta que este incremento tiene carácter retroactivo con efectos del pasado 1 de enero de 2024. Cabe apuntar que el Gobierno central tiene previsto abonar ya este incremento en la nómina de julio y que algunos ayuntamientos valencianos ya han reunido a la representación sindical para abordar el pago
En este sentido, Montaner ha pedido al Consell de la Generalitat que convoque la citada Mesa y traslade a los sindicatos cuándo tiene previsto hacer efectivo el incremento salarial. Cabe apuntar que el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI recogía una serie de previsiones de mejora salarial de los empleados y empleadas públicas para tratar de frenar la pérdida de poder adquisitivo y es de obligado cumplimiento para la Generalitat y resto de administraciones públicas.
Además, quedará pendiente un incremento del 0,5% variable pendiente del IPC armonizado de los años 2022-2024. Será a partir de diciembre cuando se haga efectivo ese incremento retributivo adicional y consolidable, también con efectos desde el 1 de enero de 2024.
Gracias a este acuerdo, los empleadas y empleadas públicas verán mejorada su nómina hasta un 9,8% cuando termine su periodo de vigencia en diciembre de 2024. Un pacto que, además, contempla otras medidas referidas a la jubilación anticipada destinadas a mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y el servicio que se presta a la ciudadanía.
