UGT Serveis Públics del País Valencià ha solicitado a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ampliar el periodo transitorio para la acreditación de la competencia linguïstica como requisito para el acceso al empleo público en la Comunitat Valenciana. El sindicato considera que la aplicación de la competencia lingüística en la Administración supone un cambio importante en los procesos de acceso y para afrontarlo estima necesario dotar de medios y tiempo suficiente para obtener esta acreditación. Cabe recordar que el nivel B2 de valenciano se puso en vigor hace solo cinco años, por lo que es necesario una dotación suficiente de oferta en la Junta Qualificadora u organismo análogo para las personas aspirantes. Además, el sindicato considera oportuno ampliar ese periodo transitorio para “eliminar la posible incertidumbre” generada para quienes aspiran en la actualidad a una oposición en torno a la acreditación del requisito, la homologación de estudios o la prueba de nivel de valenciano previa a los exámenes.
Por estos motivos, UGT Serveis Públicos ha presentado una serie de alegaciones a las disposiciones transitorias del decreto del Consell por el que se regula la acreditación de la competencia lingüística que será abordado esta semana en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana.
Procedimientos en marcha
En concreto, respecto al periodo transitorio para el acceso a los subgrupos de titulación A1 y A2 de personal funcionario y los grupos A y B de personal laboral, se solicita que la exigencia de acreditación del valenciano se haga efectiva en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la Oferta de Empleo Público de 2027, es decir, dos años más que lo previsto en el actual borrador. Además, se demanda a la Generalitat un incremento en los ejercicios de 2023 y 2026 de la oferta de plazas en los distintos organismos oficiales para la obtención del certificado de nivel de valenciano. Desde la entrada en vigor del decreto y hasta finalizar el periodo transitorio, la competencia lingüística para estos grupos será la titulación equivalente a B2.
Por otro lado, el sindicato pide una modificación en la disposición segunda sobre los procedimientos de selección y provisión en trámite para que se rijan por la normativa anterior los procesos selectivos derivados de las ofertas de empleo público cuyo decreto o norma reglamentaria se haya publicado pero que no haya sido convocado. Además, se pide la aplicación para las bolsas de provisión temporal que se constituyan con la gestión de los procesos anteriores a la vigencia del presente decreto,así como los que se encuentren en trámite. El sindicato considera que la previsión de la Generalitat de aplicar ya el requisito en la próxima OPE de 2023 es apresurada y podría perjudicar a personas aspirantes.
Personal laboral de funciones sanitarias
Por otro lado, UGT solicita que el personal laboral de funciones sanitarias (medicina y enfermería) de los consorcios sanitarios Hospital General de Castelló y el de València queden incluidos, al igual que el personal estatutario de Sanidad, en el artículo 2, apartado 3.
Además, en sus alegaciones UGT solicita a la Generalitat copia de los informes de la comisión de competencia lingüística para conocer el estudio y las propuestas que han servido de base para el decreto. También insta a la Conselleria de Educación a realizar las actuaciones necesarias para ofertar un número de plazas suficiente para dar cobertura a todas las personas que quieran certificar su nivel. Para el conjunto de los empleados públicos, se pide una oferta formativa a través de acciones o pruebas con evaluación continua y prueba final para poder actualizar los niveles de conocimiento del valenciano a los nuevos sistemas.
Por último, el sindicato considera un avance la propuesta trasladada por la Administración en la pasada mesa técnica sobre la puesta en marcha de pruebas previas a la celebración de los procesos selectivos para que los aspirantes que no tengan certificado de competencia lingüística puedan demostrarla y que, una vez superada, les sea certficada. Ahora bien, desde UGT se advierte que esta fórmula podría resolver parte de la disfunción en el ámbito de la Generalitat, pero no en el conjunto de las administraciones públicas afectadas.
