El sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos PV denuncia que solo 1.690 profesores y profesoras técnicos de FP (cuerpo docente A2) de los más de 4.660 que durante el curso 2021-2022 han trabajado en las aulas valencianas van a ser integrados en el cuerpo docente superior de profesorado de Enseñanza Secundaria (cuerpo docente A1) y, en consecuencia, mejorarán sus condiciones retributivas y de protección social. La insuficiente integración de este cuerpo queda patente en la orden de la directora general de Personal Docente dictada recientemente con la relación provisional del profesorado afectado por la integración.
Los datos han generado decepción en parte del profesorado valenciano que considera que no se cumple con lo prometido en la LOMLOE y en el desarrollo de la nueva Ley de la Formación Profesional ya que la integración solo ha beneficiado en la Comunitat Valenciana (un territorio que cuenta con el 14,45% de la plantilla de toda España), al 36% de su plantilla total, es decir, uno de cada tres. De esta manera, quedan excluidos de este proceso, que supone una mejora de condiciones laborales, el 64% del profesorado técnico (2.972 docentes). Además, algunos de ellos (entre 80 y 200 docentes) incluso serán despedidos y excluidos del sistema educativo cuando este proceso de integración termine, el 19 de enero de 2026, si no se toman medidas para reconducir la situación.
Este colectivo ya está condenado a ser profesorado temporal e interino exclusivamente dado que no se les permite ya participar en los procedimientos selectivos, incluido el reciente concurso de méritos y las oposiciones de estabilización, por lo que no pueden optar a una plaza fija en una especialidad en la que la mayoría de ellos, lleva trabajando más entre 10 y 20 años
De momento, este colectivo ya está condenado a ser profesorado temporal e interino exclusivamente dado que no se les permite ya participar en los procedimientos selectivos, incluido el reciente concurso de méritos y las oposiciones de estabilización, por lo que no pueden optar a una plaza fija en una especialidad en la que la mayoría de ellos, lleva trabajando entre 10 y 20 años. Ante esta discriminación, UGT exige medidas para reconducir el proceso y evitar los despidos. Propone un complemento retributivo autonómico de equiparación que compense las diferencias de condiciones retributivas y de protección social al profesorado excluido de la integración. Este complemento, que el sindicato lleva ya dos años exigiendo, tendría un coste anual de 4,5 millones de euros. El cálculo tiene en cuenta el volumen actual de plantilla docente y una media de 2.500 euros anuales de diferencia de salario entre cuerpos docentes.
