UGT Serveis Públics del País Valencià exige a la Conselleria de Sanidad la implantación inmediata de 35 horas, pero reclama que esta reducción de jornada se acompañe de un aumento de recursos humanos, una planificación rigurosa y un proceso de negociación transparente con los representantes de las trabajadores y trabajadores. De lo contrario, esta medida se convertirá en algo meramente política con consecuencias negativas sobre profesionales y pacientes
UGT denuncia que el Conseller de Sanidad, Marciano Gómez, presenta la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en el ámbito sanitario como un avance social para mejorar la conciliación y las condiciones laborales, pero si la reducción horaria no viene acompañada de un incremento real y suficiente de plantilla, se convierte en una decisión política que compromete gravemente la calidad asistencial y la seguridad de los y las pacientes.
UGT, tras rastrear la situación en los diferentes departamentos de salud de toda la Comunitat Valenciana, ha comprobado que la reducción de jornada se realizará sin refuerzo de recursos humanos, con un aumento de la ratio de pacientes por profesional. Esto implica asumir una mayor carga de trabajo en menos tiempo e intensifica el ritmo asistencial y reduce la calidad sanitaria.
Lejos de mejorar las condiciones laborales, esta medida genera sobrecarga, estrés y un aumento significativo del riesgo de síndrome de burnout y un aumento de las listas de espera.
Reorganizar turnos para adaptar la jornada a 35h sin incremento de plantilla, provoca problemas en la organización de las planillas con cambios constantes de turno y dificultades para garantizar coberturas adecuadas, especialmente en servicios críticos.
Además, para UGT genera desigualdades entre profesionales y servicios. En muchos casos, se obliga a asumir más guardias o prolongaciones de jornada, lo que contradice el objetivo inicial de mejora de condiciones laborales.
Implantar medidas organizativas que afectan a las condiciones de trabajo sin ser negociadas en mesa sectorial vulnera el derecho a la negociación colectiva.
UGT exige a la mayor brevedad posible implantar las 35h siguiendo la directriz del gobierno de la nación implementada para personal funcionario, es decir, sin que suponga detrimento asistencial en la calidad asistencial, ni en las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras.