El preacuerdo se firmó hace seis meses, pero sigue a la espera de informe por parte de la Conselleria de Hacienda
La Federación de Serveis Públics de UGT- PV ha exigido al Gobierno valenciano la aplicación con carácter inmediato el convenio de las fundaciones públicas e institutos de investigación sanitaria de la Comunitat Valenciana cuyo preacuerdo fue firmado el pasado 8 de mayo y que, seis meses después, continúa sin publicarse a expensas del infome de la Conselleria de Hacienda. El retraso en la publicación del convenio está afectando a los más de 1.200 investigadores e investigadoras de estos centros públicos, personal que históricamente sufre unas condiciones laborales de gran precariedad. Además, de la inestabilidad laboral, se producen escandalosas diferencias salariales entre profesionales de similar categoría y cualificación. Diferencias salariales que se mueven entre los 500 y 700 euros de media al mes.
El bloqueo, además, está provocando un clima de tensión que podría llegar a alterar la paz social de un colectivo ya de por si muy mermado por la falta de atención y respuesta a sus necesidades por parte de la Administración valenciana. El convenio suscrito la pasada legislatura por la Conselleria de Sanidad y las seis fundaciones e instituciones afectadas ( las fundaciones de investigacion de La Fe, el Hospital General de València y el Provincial de Castelló; Fisabio, Incliva e Isabial) recogía la homologación salarial de este personal respecto al personal estatutario en cumplimiento de la nueva Ley de Ciencia sobre contratación indefinida y condiciones laborales y retributivas.
Ley de la Ciencia
La negociaciones arrancaron el 7 de septiembre de 2022 con la constitución de la mesa negociadora del primer Convenio de las fundaciones e institutos de investigación sanitaria, un diálogo que culminó con la firma del preacuerdo de convenido el 8 de mayo de 2023. A partir de ese momento, el personal de las fundaciones e institutos de investigación valencianos siguen a la espera de la aplicación de dicho convenio y, por ende, del cumplimiento de los preceptos de la Ley. Estas actuaciones administrativas solventarían muchos de los problemas actuales y generaría un clima de seguridad y bienestar laboral que, además, otorgaría el merecido reconocimiento del trabajo de estos profesionales que tanto contribuyen a la mejora de la salud de la sociedad.
Cabe apuntar que este personal (de apoyo, técnico, asistencial, investigador, etc.) trabajaba en líneas y proyectos punteros de investigación sanitaria, como es la Covid o la lucha contra el cáncer. Un trabajo que sólo desde las condiciones laborales dignas puede dar los frutos necesarios para convertir a la Comunitat Valenciana en una sociedad avanzada en el ámbito de la salud y el bienestar de la ciudadanía.
Por esto, UGT, como miembro mayoritario de la mesa de Negociación del convenio de las fundaciones públicas e Institutos de Investigación sanitaria de la Comunitat Valenciana, exige al Gobierno valenciano que cumpla con la publicación del convenio
