UGT Serveis Públics PV denuncia que la Conselleria de Sanidad se resiste desde 2019 a ejecutar una sentencia del Supremo que reconoce el derecho del colectivo de técnicos y técnicas de Emergencias Sanitarias a reclasificar del C2 al C1
El sector de Salud de UGT Serveis Públics del País Valencià ha vuelto a exigir a la Conselleria de Sanidad que cumpla con los tribunales y reclasifique de la categoría C2 a C1 los puestos de trabajo del personal técnico de Emergencias Sanitarias (TES) del Samu. Esta reclasificación, que implica una mejora de las retribuciones de este colectivo, sigue pendiente a pesar de las sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y del Tribunal Supremo. El proceso afecta a un total de 60 trabajadoras y trabajadores del Samu, a quienes les corresponde una mejora de sus retribuciones de alrededor de 250 euros al mes. El conflicto judicial se arrastra desde hace años con sucesivas resoluciones a favor del colectivo y recientemente el TSJ-CV ha vuelto a emitir un fallo en el que insta a la Conselleria a cumplir con la reclasificación.
UGT exige a la Conselleria de Sanidad que cumpla las sentencias judiciales y siga el criterio del Supremo y reclasifique al C1 a todos los técnicos y técnicas de Emergencias Sanitarias y lamenta que, a pesar del pronunciamiento de los tribunales, se condene a este personal a un vía crucis judicial injustificado.
El conflicto judicial se arrastra ya nueve años sin que la Conselleria de Sanidad haya dado una solución. En el año 2014 un grupo de técnicos y técnicas de Emergencias Sanitarias (TES) del Samu de Alicante llevó a la judicatura a la Conselleria de Sanidad por una mala clasificación de los puestos de trabajo en el Decreto 70/2013 del Consell. Un año después, el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 5 de Valencia dio la razón a este grupo de profesionales y sentenció que la Administración de Sanidad debía reclasificarlos del C2 al C1 y abonar los atrasos por el impago. Sin embargo, la Conselleria recurrió ante el TSJCV y en enero de 2019 la sala volvió a dar la razón a los recurrentes del SAMU. Pese a ello, la Conselleria recurrió ante el Tribunal Supremo que, a su vez, volvió a dar la razón a los trabajadores y trabajadoras. En diciembre del 2020 la sentencia se hizo firme. Pese a la firmeza del fallo, la Conselleria no ejecutó la sentencia, lo que obligó a los recurrentes a solicitar la ejecución forzosa del fallo del Supremo. En julio de 2023 un juzgado de Alicante requirió a la Conselleria para que aplicara la sentencia. En su intento de evadir las sucesivas resoluciones judiciales, la Conselleria de Sanidad manifestó su inconformidad con la sentencia de ejecución y recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la CV. Ahora, en un reciente fallo, este tribunal ha desestimado el recurso de la Generalitat e insta a la ejecución de sentencia del 31 de julio de 2023.
La sentencia dio pie a que varios trabajadores y trabajadoras iniciaran el correspondiente proceso administrativo para ser reclasificados de C2 a C1 como indica la sentencia, pero la Conselleria de Sanidad, en lugar de cumplir con las sentencias, ha obligado a estas personas a emprender una nueva andadura judicial con resultado desigual. De hecho, ante unos mismos criterios y situaciones, se han dado resoluciones distintas a favor y en contra de las pretensiones del colectivo.
Este sindicato, además, tiene constancia de sentencias favorables del TSJCV que la Conselleria de Sanidad no ha cumplido, lo que ha obligado a las personas afectadas a iniciar de nuevo los procesos judiciales para las ejecuciones de sentencias.
UGT exige a la Conselleria de Sanidad que cumpla las sentencias judiciales y siga el criterio del Supremo y reclasifique al C1 a todos los técnicos y técnicas de Emergencias Sanitarias y lamenta que, a pesar del pronunciamiento de los tribunales, se condene a este personal a un vía crucis judicial injustificado.
