- El Consell cambia la ley de Servicios Sociales Inclusivos y elimina la obligación de que los créditos para la renta valenciana y la dependencia sean ampliables
- El presupuestos para dependencia es claramente insuficiente para garantizar las prestaciones a la ciudadanía
- Elimina la obligación de las residencias y centros privados a reservar el 85% de sus plazas como plazas públicas
UGT Serveis Públics del País Valencià denuncia que el proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera; y de organización de la Generalitat de 2025 (la conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos) supone un grave recorte en los derechos sociales de la ciudadanía en materia de prestaciones y un nuevo avance en la privatización de las plazas residenciales en detrimento de las plazas públicas.
Tras analizar con detalle el proyecto normativo, el sindicato ha elaborado un informe en el que alerta de varias modificaciones legales que implican la supresión de los créditos ampliables que garantizan la dotación presupuestaria de la prestación de la renta valenciana de inclusión y las prestaciones de la atención a la dependencia.
En concreto, la ley de acompañamiento suprime y se deja sin contenido artículo 44 (relativo a los créditos de la Generalitat)de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de Renta Valenciana de Inclusión. En éste artículo se indica que «los créditos destinados a satisfacer el pago de las prestaciones económicas reguladas en esta ley tendrán el carácter de créditos ampliables en el presupuesto de la Generalitat». Eliminar este artículo supone poner fin al carácter de crédito ampliable en este tipo de prestaciones económicas y supone que el derecho de las personas solicitantes queda sometido a la existencia de crédito suficiente.
Esta modificación se completa con la que se plantea en el artículo 32 de la ley de Servicios Sociales Inclusivos sobre prestaciones garantizadas al vincular directamente el derecho subjetivo con la existencia de créditos ampliables. UGT considera que estos cambios suponen un perjuicio sin precedentes para el conjunto de la sociedad valenciana al mermar sus derechos de protección social: los derechos dejan de ser subjetivos y quedan subordinados a la voluntad de la Administración de poner más o menos dinero para costearlos.
El círculo se cierra con la eliminación del apartado segundo del artículo 105 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana al borrar la obligación de que en la ley de presupuestos de cada año se garanticen estas prestaciones. De esta manera, quedará a la voluntad del gobierno incluirlo o no en las cuentas públicas.
El tijeretazo a los derechos sociales va más allá. Así, se introducen otros cambios en la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de manera que se elimina la obligación de que las residencias y centros privados que quieran concertar con la Generalitat de reservar el 85% de sus plazas como plazas públicas. Esto en la práctica implica la reducción de plazas públicas residenciales si en las convocatorias de concierto se redujera el porcentaje de reserva de las mismas.
Precarización de las plazas de residencias
Por otro lado, según UGT Serveis Públics, este retoque normativo implica que las residencias privadas concertadas puedan reducir el número de habitaciones individuales y sustituirlas por habitaciones dobles, reducir las ratios de plantilla de atención directa y sortear la organización de la atención en grupos convivenciales reducidos. Cabe recordar, que las plazas privadas no tienen obligación legal de cumplir con los estándares de calidad fijados en la normativa autonómica para las plazas públicas, ni tampoco los estándares mínimos establecidos a nivel estatal mediante el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Por último, según el análisis y los cálculos de UGT, los fondos destinados en los presupuestos de 2025 son claramente insuficientes para garantizar las prestaciones de dependencia a la ciudadanía. Así, actualmente son casi 170.000 valencianas y valencianos las personas beneficiarias de prestaciones garantizadas a la dependencia, ya sean económicas o vinculadas a la prestación del servicio, es decir, 19.000 personas más que hace 12 meses.
Las nuevas solicitudes de prestación en 2024 superaron las 35.000 y hasta el 1 de marzo de 2025 ya alcanzan las 5000 nuevas solicitudes, según datos estadísticos de la propia Generalitat remitidos al IMSERSO. Por lo tanto, es lógico el incremento exponencial año tras año de las partidas presupuestarias de la Generalitat destinadas a la atención primaria y la dependencia para poder atender las nuevas solicitudes y personas que se incorporan al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
De hecho, el gasto final ejecutado por la Comunitat Valenciana para 2024 en atención a la dependencia fue de 658 millones de euros. Sin embargo, el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2025 contempla 637 millones para atención primaria y dependencia, un 18,6% más que en los presupuestos iniciales de 2024, que obviamente necesitaron ser ampliados.
Atendiendo a la progresión de nuevas solicitudes, y al gasto total finalmente ejecutado en 2024, el incremento proyectado para 2025 difícilmente cubrirá la progresión natural de financiación necesaria para garantizar el sistema de prestaciones.
A lo que cabe añadir que, de suprimirse los créditos ampliables, no estará garantizada de forma automática la financiación suficiente para ejecutar las prestaciones si estas superan en gasto el presupuesto inicial planteado para las mismas.
UGT Serveis Públics lamenta la merma de derechos en unas cuentas pactadas entre PP y Vox y avisa de que estudiará todas las vías posibles para frenar unas políticas que suponen un retroceso inasumible.
