- El Consell ha utilizado la ley de simplificación administrativa para duplicar el número de camas en las residencias de personas mayores, lo que supondrá su hacinamiento.
- Los cambios suponen un recorte drástico del personal que atiende a las personas usuarias
- La modificación legal supone retroceder a la normativa de hace 20 años, ataca el empleo estable y busca privatizar la atención primaria de servicios sociales
UGT Serveis Públics del País Valencià ha denunciado que el Consell ha aprovechado la tramitación parlamentaria de la Ley 6/2024 de Simplificación Administrativa para dinamitar la normativa de servicios sociales que, entre otras cuestiones, establece la capacidad máxima y las ratios de personal de atención directa de las residencias de personas mayores. Cambios que, según el sindicato, suponen graves recortes en los Servicios Sociales y abre la puerta a las privatizaciones con beneficios y facilidades de todo tipo para las empresas.
Los cambios legales introducidos duplican la capacidad máxima permitida de las residencias de personas mayores (pasa de 75 a 150 plazas para las nuevas residencias) y rebajan la plantilla, reduciendo una tercera parte las ratios de personal que atienden a estas personas, con la consiguiente masificación de los centros y el deterioro de la calidad asistencial, lo que implica primar el negocio sobre la calidad en la atención a las personas mayores.
Además, favorecen la privatización de los Servicios Sociales al eliminar de la ley la prevalencia de las administraciones públicas para la gestión directa de los centros, incluso el mantenimiento de los mismos, al tiempo que se recortan los derechos laborales ya que se elimina la obligación de las empresas privadas a que la plantilla mínima tenga contratos indefinidos.
Por otro lado, abre el camino a la privatización de los equipos de servicios sociales municipales, ya que elimina la reserva legal para que los servicios de atención primaria básica y los específicos (servicio de atención integral a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad o desprotección; servicio de protección y atención integral a las víctimas de violencia de género y machista y a sus hijos e hijas; y el servicio de atención a las personas con discapacidad y con problemas crónicos de salud mental), así como la prescripción de las prestaciones, sean prestadas por personal de los ayuntamientos y mancomunidades.
Todas estas modificaciones fueron introducidas a través de enmiendas respaldadas por los grupos PP y VOX en Les Corts y han supuesto alteraciones de calado tanto en la Ley de Servicios Sociales como en su desarrollo normativo, especialmente en el Decreto 27/2023, de 10 marzo, que establece entre otros asuntos la calidad de los servicios sociales mediante la regulación de plantillas de personal, número de usuarios atendidos y espacios donde se les atiende. Cuestiones que, además, no figuraban inicialmente en el Decreto-Ley que, en teoría, estaba centrado en medidas de simplificación de los trámites administrativos de la ciudadanía.
E Gobierno valenciano, a través de sus apoyos parlamentarios, ha aprovechado para unos cambios que suponen un desmantelamiento de toda la arquitectura normativa establecida en los últimos ocho años, de manera que la atención a la persona deja de ser el centro desde el cual se construyen los servicios sociales, para favorecer los intereses del empresariado, con la consiguiente rebaja de la calidad asistencial.
Sin embargo, el Gobierno valenciano, a través de sus apoyos parlamentarios, ha aprovechado para unos cambios que suponen un desmantelamiento de toda la arquitectura normativa establecida en los últimos ocho años, de manera que la atención a la persona deja de ser el centro desde el cual se construyen los servicios sociales, para favorecer los intereses del empresariado, con la consiguiente rebaja de la calidad asistencial.
En el año 2005, el Consell popular aprobó, sin previa negociación con los sindicatos ni las organizaciones representativas del sector, una orden que regulaba los centros de servicios sociales de personas mayores. Esta Orden fijó la capacidad máxima de las residencias en 150 plazas. En la legislatura anterior, en la etapa del Botànic, la capacidad máxima se rebajó a 120 plazas (en base a la Ley 3/2019, de Servicios Sociales Inclusivos); 75 plazas si se encontraban ubicadas en zonas rurales o zonas con riesgo de despoblamiento; y 90 plazas si se situaban en localidades o zonas de densidad mediana. Ahora, con la Ley 6/2024, se vuelve al máximo de 150 plazas, sin tener en cuenta la zona donde se ubique. Con lo cual, este Consell ha retrocedido a la normativa de hace veinte años, un paso atrás que supone un deterioro de los servicios públicos y deja sin efecto la atención social como un derecho subjetivo.
Es obvio que la calidad de la atención a las personas mayores depende fundamentalmente de que haya suficientes auxiliares de enfermería en las residencias, entre otro personal. No hay atención de calidad sin unas ratios de personal suficientes, y las ratios actuales son claramente insuficientes.
El Gobierno del Botánico aprobó unas ratios más elevadas, que quedaron incluidas en el Decreto 23/2027 (decreto de tipologías), que debían aplicarse en marzo de 2024, salvo en las residencias privadas de personas mayores que se aplicaría de forma progresiva entre 2025 y 2027. El Consell del PP y Vox ya alargó este plazo hasta diciembre de 2029 nada más comenzar la legislatura . Y ahora, se ha aprovechado esta ley de simplificación administrativa para colar un recorte muy por debajo de las ratios previstas.
Recorte de derechos laborales
Así, con esta ley de simplificación administrativa en las residencias de la Comunitat Valenciana se exigirá en 2026 una ratio de 32 auxiliares de enfermería cada 100 residentes, muy por debajo de lo inicialmente previsto en el decreto de tipologías (que preveía 44 auxiliares cada 100 residentes) y de lo previsto a nivel estatal (43 auxiliares). De esta manera, las personas mayores de la Comunitat Valenciana tienen menos derechos que las del resto de España.
UGT Serveis Públics denuncia que el Consell no esté buscando el bienestar de la ciudadanía, sino sólo facilitar los beneficios económicos de las residencias, que gracias a estos cambios normativos no se verán obligadas a contratar más personal y aumentarán sus ingresos al albergar a más personas usuarias. Además, los cambios introducidos en Les Corts sin ningún tipo de negociación con las organizaciones sindicales, suponen una merma considerable de los derechos laborales ya que expresamente se elimina un apartado del decreto de tipologías que define la plantilla mínima estable de los centros y que este personal, mayoritariamente trabajadoras, tengan un contrato fijo.
La responsable de Política Social de UGT Serveis Públics PV, María Navarro, ha lamentado que estos cambios ‘por la puerta de atrás’ suponen desmantelar el modelo de servicios sociales que ponía a las personas en el centro y desandar años de trabajo, de diálogo y de mejoras en la atención a la ciudadanía. Navarro ha indicado que la organización está estudiando acciones tanto jurídicas como posibles movilizaciones para, en colaboración con la ciudadanía, articular una respuesta de rechazo a los cambios aprobados.
