La Federación de Serveis Públics de UGT del País Valencià denuncia que la Conselleria de Servicios Sociales lleva seis meses (desde agosto de 2023) sin pagar a las entidades que gestionan los centros de atención a las víctimas de violencia de género. Los impagos afectan a veinte de los treinta centros residenciales y la situación ha llegado al tal extremo que, en algunos de ellos, el personal, en su mayoría trabajadoras, ha dejado de percibir su nómina.
Cabe apuntar que el grueso de los centros de atención social para mujeres víctimas de violencia son centros concertados por la Conselleria. Se trata de 20 centros distribuidos por toda la Comunitat Valenciana, que suman un total de 215 plazas y se integran en la red Pública Valenciana de Servicios Sociales. Suponen dos tercios de los centros residenciales (20 de un total de 30) y la mayor parte de las plazas disponibles en la Red (215 plazas de un total de 370).
Los Centros de Emergencias, Centros de Recuperación Integral y Viviendas tuteladas para mujeres víctimas de violencia de género eran financiados por la Conselleria de Servicios Sociales mediante un concierto social que se convocó para al año 2022 y que se prorrogó hasta el 31 agosto de 2023. Sin embargo, Servicios Sociales ni ha prorrogado el concierto ni ha convocado un nuevo, por lo que desde septiembre de 2023 la Conselleria no paga a las entidades que los gestionan estos centros. El resultado es que se han quedado sin financiación pública y tienen que asumir todos los gastos necesarios para atender a las mujeres que residen en ellos, muchas de las cuales con hijos a su cargo, y también los salarios del personal trabajador.
Ni las entidades del sector ni sus trabajadoras son culpables de esta situación, pero son las que sufren el abandono de la Conselleria, que ha dejado a estos centros sin la cobertura del concierto social y a la red pública sin la mayor parte de sus centros. El sindicato exige una solución urgente y que se priorice el pago a las entidades.
TONI FEMENÍA. Delegado UGT Serveis Públics PV
Al no existir un concierto social que financie estos centros y los integre en el Sistema Público de Servicios Sociales, la Conselleria de Servicios Sociales, UGT denuncia que el resultado es que la mayor parte de los centros y las plazas para la atención a mujeres víctimas de violencia está fuera de la Red Pública y a merced de la buena voluntad de las entidades titulares de los centros.
El sindicato señala que más del 90% son trabajadoras, muchas con cargas familiares, y no están cobrando el salario por el trabajo realizado. Las entidades carecen de ánimo de lucro y, muchas son de carácter religioso, por lo que no disponen de suficiente capacidad económica para cubrir los salarios de sus trabajadoras y los gastos de mantenimiento del centro, motivo por el cual algunas han dejado de abonar estos salarios.
Para Toni Femenía, delegado sindical de UGT, ni las entidades del sector ni sus trabajadoras son culpables de esta situación, pero son las que sufren el abandono de la Conselleria, que ha dejado a estos centros sin la cobertura del concierto social y a la red pública sin la mayor parte de sus centros. El sindicato exige una solución urgente y que se priorice el pago a las entidades.
En concreto, la relación de centros afectados son los siguientes:
- En Alicante: un centro de emergencias, cuatro centros de recuperación y una vivienda tutelada
- En Castelló: dos viviendas tuteladas.
- En València: un centro de recuperación y once viviendas tuteladas.
