El sindicato ha constatado impagos a las entidades que gestionan plazas públicas concertadas, en centros propios de la Generalitat y a familias acogedoras
La Federación de Serveis Públics de UGT del País Valencià ha denunciado la grave situación de impagos generalizados en el ámbito de los servicios sociales valencianos por parte de la Generalitat. El sindicato tiene constatado numerosos retrasos en ayudas y pagos a entidades sociales. Así, desde diciembre de 2023, la Generalitat no abona con regularidad las ayudas para manutención y gastos sanitarios destinadas a familias acogedoras de niñas y niños tutelados. UGT recuerda que estas ayudas constituyen un derecho de la ciudadanía y resultan necesarias para que las familias atiendan adecuadamente, entre otros, a recién nacidos, así como a niñas y niños con necesidades especiales que requieren familias de acogida con urgencia, familias que en muchos casos han visto como el mes de marzo terminaba y aún no habían ingresado las ayudas del mes de enero.
En similar situación se encuentran las entidades sociales sin ánimo de lucro que gestionan plazas públicas concertadas en residencias, centros y viviendas de mayores dependientes, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, niñas y niños en situación de desamparo y personas en riesgo de exclusión social, a las cuales la Generalitat aún no ha pagado las facturas correspondientes al mes de enero, destinadas a financiar los gastos de manutención y costes sanitarios de los usuarios con plaza concertada, así como a cubrir las facturas de suministro de energía y los salarios de los profesionales especializados que atienden estos centros y recursos del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
La mayoría de estos recursos continúan, nueve meses después de la toma de posesión del popular Carlos Mazón, gestionándose sin contrato, y las entidades ni siquiera han cobrado de la Generalitat la totalidad de los gastos de manutención y costes de personal correspondientes al año 2023
Por último y, en peor situación todavía, se encuentran las residencias y centros propios de la Generalitat que atienden plazas públicas de mayores dependientes, personas discapacitadas, así como niñas y niños tutelados o en conflicto con la ley, y que se encuentran gestionadas a través de colaboración público privada mediante contrato público de gestión. La mayoría de estos recursos continúan, nueve meses después de la toma de posesión del popular Carlos Mazón, gestionándose sin contrato, y las entidades ni siquiera han cobrado de la Generalitat la totalidad de los gastos de manutención y costes de personal correspondientes al año 2023. Esto está está provocando que algunas entidades hayan tenido que acudir ya al banco de alimentos para poder garantizar la correcta alimentación de las personas usuarias atendidas. La gravedad de la situación es tal que la deuda generada por este Consell en los citados centros públicos durante el primer trimestre del presente año ya se encuentra en niveles similares a la generada por el anterior gobierno.
A principios de febrero, la Generalitat, en palabras de su titular de Hacienda, Ruth Merino, tildó las situaciones de impago de este Consell como “retrasos puntuales” y garantizó el pago de todos los compromisos contraídos. Desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se está comunicando a las familias y entidades damnificadas que la situación se debe a “problemas informáticos puntuales” con el sistema de facturación NEFIS.
Maria Navarro, responsable de servicios sociales de UGT Serveis Públics PV, tacha de inaceptable que la Generalitat incumpla los derechos de la ciudadanía más vulnerable excusándose en problemas informáticos o falta de medios, ya que cualquier iniciativa de la administración, y más si está sujeta a norma, debe ir acompañada de su correspondiente dotación presupuestaria. Así mismo, denuncia que además los profesionales de los centros concertados y los centros públicos de gestión privada continúan sin percibir los salarios establecidos por convenio para los años 2023 y 2024, debido a la inacción de este Consell que aún no ha licitado los contratos públicos caducados, ni ha revisado los precios de las plazas concertadas.
