UGT Serveis Públics del País Valencià considera razonable y proporcional la exigencia del B2 de valenciano para el acceso a la función pública de los puestos de la Generalitat co nivel A1 y A2 con carácter general al entender que con esta capacitación lingüística estarían garantizados los derechos de la ciudadanía a comunicarse con la Administración valenciana en la lengua propia.
Por otro lado, el sindicato estima que la exigencia debería elevarse al C1(antiguo mitjà) en aquellos puestos cuyas funciones requieran de una cualificación. En todo caso, el sector de autonómicas de UGT SP considera imprescindible que el nivel de acreditación de conocimiento de la lengua esté recogido en la relación de puestos de trabajo.
Además, para los colectivos pertenecientes a las agrupaciones profesionales, la exigencia no podría ser superior al antiguo nivel oral.
UGT lamenta que esta cuestión haya saltado de nuevo a la arena política y recuerda que durante la negociación con la Generalitat del texto de la nueva Ley de Función Pública la posición del sindicato fue que la exigencia del valenciano para el acceso a una plaza pública fuera proporcional a las funciones asignadas al puesto, lo que requería la negociación de un reglamento. UGT se pronunció en su día en contra de una equiparación directa y automática de certificación de valenciano y con niveles funcionariales. De hecho, esta cláusula, que llegó a incoporarse en el anteproyecto de ley, fue retirada después de que el Consell Jurídic Consultiu la considerara contraria a derecho.
Por otro lado, el sindicato comparte la posición de la Conselleria de Justicia de que el actual sistema educativo homologará los estudios de Bachillerato con el B2, por lo que no sería comprensible que se exigiera a futuros aspirantes mayor nivel de conocimiento del que proporciona la enseñanza pública.
