Inspección de Trabajo da la razón a UGT y obliga a reevaluar los riesgos psicosociales y a integrar la prevención y la participación sindical en la organización del trabajo en los juzgados valencianos
La Inspección de Trabajo ha emitido una resolución en la que obliga a la Administración de Justicia a revaluar los riesgos psicosociales que puede sufrir el personal de los juzgados de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la nueva organización del trabajo por la implantación de la Oficina Judicial en los nuevos Tribunales de Instancia. A raíz de una denuncia presentada por UGT Serveis Públics del País Valencià, la Inspección ha reconocido que la nueva organización del trabajo en los juzgados puede generar importantes riesgos psicosociales —sobrecarga de trabajo, falta de participación, ambigüedad de funciones o cambios organizativos mal gestionados— y obliga a las administraciones competentes (Conselleria y Ministerio de Justicia) a reevaluar estos riesgos e integrar medidas preventivas en la planificación y en los protocolos de funcionamiento.
La Inspección remarca que las normas organizativas de cada órgano judicial deben incluir las medidas derivadas de la planificación preventiva y que su implantación debe respetar los derechos de información, participación y propuesta de la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores, tal y como el sector de Justicia de UGT Serveis Públics del País Valencià ha venido reclamando.
El informe detalla que la profunda transformación organizativa reciente —con nuevos servicios, redefinición de tareas, cambios en ritmos de trabajo y sistemas de reparto de expedientes— incide directamente en las condiciones de trabajo del personal de Gestión, Tramitación y Auxilio, y que, por ello, resulta obligatorio revisar las evaluaciones de riesgos y adaptar la planificación preventiva a esta nueva realidad.
Además, subraya que la prevención debe integrarse en la gestión ordinaria de la Justicia, incluyendo estructura organizativa, responsabilidades, funciones, procedimientos y recursos, y exige tanto a la Generalitat Valenciana como al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que coordinen sus actuaciones en materia de seguridad y salud laboral, al tiempo que reconoce el papel central de la representación de la plantilla.
El sindicato denuncia que con la implantación de los Tribunales de Instancia y la nueva Oficina Judicial, los letrados y las letradas adoptan decisiones organizativas de manera unilateral sin contar con la representación sindical en materia de salud laboral. La disparidad y arbitrariedad en las decisiones genera inseguridad e incertidumbre para los trabajadores y trabajadoras respecto de sus funciones.
Para UGT, este pronunciamiento confirma la validez de sus denuncias sobre las consecuencias de los cambios organizativos implantados sin evaluar adecuadamente los riesgos psicosociales ni contar de forma efectiva con las delegadas y delegados de prevención. El sindicato subraya que este informe no es solo un respaldo jurídico, sino una herramienta concreta para mejorar la organización del trabajo en los juzgados, reducir la carga y el estrés, y garantizar que cualquier cambio en los protocolos se haga con la salud laboral y la participación de la plantilla en el centro.
