UGT apoya las movilizaciones en las residencias y alerta de la elevada precariedad de las trabajadoras

UGT Serveis Públics critica la inacción de la Conselleria de Servicios Sociales que está impidiendo la equiparación salarial al personal y deteriorando el servicio público

UGT Serveis Públics del País Valencià muestra su total respaldo a las concentraciones convocadas por las trabajadoras y trabajadores de los centros concertados de personas mayores para el próximo jueves, 24 de octubre, al tiempo que alerta de que la inacción de la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad está quebrando la economía de cientos de familias y elevando su precariedad a límites intolerables. UGT Serveis Pública subraya que la mayoría del colectivo que trabaja en estos centros concertados de titularidad pública son mujeres, muchas de ellas con hijas e hijos a su cargo que no solamente están sometidas a intensos horarios, sino que, además, tienen sus retribuciones prácticamente congeladas desde hace años y muy por debajo de lo que cobran otras empleadas y empleados por el mismo trabajo.

UGT denuncia que la Conselleria de Servicios Sociales está incumpliendo de manera reiterada los acuerdos de equiparación salarial firmados en noviembre de 2022. Así, tiene paralizada la publicación de los contratos de estos centros, lo que supone un perjuicio al personal, pues les niega la equiparación salarial al sector público de servicios sociales. El sindicato recuerda que esta equiparación salarial  tendría que haber comenzado en enero de 2023.

La negativa de la Conselleria de Servicios Sociales a licitar estos contratos, que llevan años en enriquecimiento injusto, aboca a un bloqueo de las condiciones laborales y de atención a la ciudadanía cuya única responsabilidad es del Consell. Para UGT, además, no es de recibo la excusa del departamento que dirige Susana Camarero de que las licitaciones deben esperar a la reforma del decreto de tipologías ya que, en todo caso, el retraso en el ajuste de esta norma que quedó aprobada la pasada legislatura sólo es achacable al propio Ejecutivo. El sindicato además teme una revisión a la baja de este decreto, por ejemplo, respecto a las ratios fijadas, que sin duda perjudicará la atención a las personas mayores.

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