Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana no son un espacio libre de discriminación hacia las personas LGTBI. De hecho, el 43% de las empleadas y empleados públicos valencianos ha sufrido en algún momento de su vida laboral algún tipo de comportamiento discriminatorio como consecuencia de su orientación sexual. Esta es una de las principales conclusiones que arroja la encuesta “Discriminación de las personas LGTBI en la Administración Pública de la Comunitat Valenciana”, un trabajo de investigación realizado por UGT Serveis Públics del País Valencià en colaboración con la Universitat de València y que el sindicato ha hecho público con motivo de la celebración, este 17 de mayo, del Día Internacional contra el lgtbifobia.
La encuesta, la primera en el ámbito del sector público valenciano y de las más completas en el ámbito estatal ya que contiene una muestra de más de 840 personas, revela que un porcentaje importante de este colectivo ha sido víctima en su entorno de trabajo de insultos, comentarios negativos, burlas e incluso, aunque en menor medida, de amenazas. Más de la mitad asegura que se ha visto obligado a evitar ciertas actitudes de su personalidad para no ser prejuzgado en su ámbito laboral (a una de cada cuatro le ha ocurrido forma frecuente o muy frecuente) y hasta un 45% ha tenido miedo de que en su ambiente descubran que es una persona LGTBI. A un 26% esta situación le ha provocado ansiedad o estrés, mientras que un 17% asegura que se ha puesto en duda su capacidad laboral.
Así las cosas, hasta un 52% de las empleadas y empleados públicos (pertenecientes o no al colectivo LGTBI han presenciado algún tipo de comportamiento discriminatorio (un 7% incluso a diario) que en su mayor porcentaje (46%) se han producido en público, aunque sólo lo han presenciado algunas personas. En un 36 por ciento de las ocasiones, este tipo de conducta LGTBIfóbica tuvo lugar en privado y sin testigos. El 35% de las veces la agresión proviene de un compañero de trabajo varón, mientras que este porcentaje se reduce en el caso de las compañeras mujeres (13%). En un 12% de los casos, los comportamientos de odio provienen de las personas usuarias de la administración pública.
Por otro lado, ante estos comportamientos, el 44% de quienes fueron espectadores no se posicionó, es decir, no salió en defensa de la persona agredida. Un 40% sí lo hizo y trató de defender a la víctima.
La encuesta, respondida por trabajadoras y trabajadores de todos los sectores del ámbito público (administración del Estado, Generalitat, sector público instrumental, ayuntamientos, Educación, Sanidad, etc), desvela también la necesidad de que por parte de los poderes públicos, se potencien tanto las políticas de sensibilización a la plantilla pública, como la divulgación y mejora de los mecanismos de prevención y respuesta ante este tipo de ataques. Y es que menos de un 10% denunció los comportamientos discriminatorios hacia su persona. Un 93% no denunció.
De hecho, el 57% de las personas encuestadas desconoce si en su centro de trabajo existe un protocolo contra el acoso LGTBI y hasta un 45% no sabría dónde acudir ni qué hacer si fuera víctima de una discriminación de este tipo. A la mayoría, además, le gustaría obtener más información mediante charlas o cursos y sostiene que en las administraciones públicas se debería invertir más capital para crear espacios laborales más inclusivos e igualitarios.
Con todo y a pesar de las lagunas en las políticas públicas que muestra este trabajo, la encuesta también arroja datos que podrían dibujar un ambiente de mayor tolerancia en las administraciones públicas. Así, un 67% de las personas encuestadas afirma que el ámbito público es más seguro que el privado y una contundente mayoría mantiene que nunca rechazaría a alguien por ser LGTBI aunque admite que existe discriminación en el colectivo y lo tiene más complicado para progresar en su carrera laboral. La mayoría se muestra en desacuerdo con los estereotipos ligados a estas personas y asegura que aceptaría sin problemas que un hijo o una hija suya fuera homosexual, bisexual o transexual.
La encuesta fue trasladada mediante una carta y un formulario a la plantilla de trabajadores y trabajadoras públicas de la Comunitat Valenciana y forma parte del proyecto formativo de prácticas externas del Grado de Sociología de Paula Gabarda. Una investigación tutorizada por el departamento de Diversitat de UGT Serveis Públicos. Un total de 845 personas contestó en tiempo y forma a un formulario de 44 preguntas. El porcentaje más mayoritario de respuesta (45%) provino del funcionariado de carrera y el 31% del personal interino, así como del ámbito de la Generalitat y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Emergencias. Cerca del 80% se identificó como persona heterosexual.
Desde el departamento de Diversitat de UGT Serveis Públicos se apunta que esta encuesta es una radiografía de la situación de las personas LGTBI en el ámbito laboral público que lamentablemente siguen sufriendo discriminaciones. El sindicato considera fundamental incrementar la formación del personal público e impulsar campañas de sensibilización, así como la implantación de protocolos específicos para que toda persona que trabaje en el ámbito público tenga a su alcance mecanismos de protección y denuncia. “Las administraciones deben ser espacios inclusivos, igualitarios y blindados ante los delitos de odio”, señala Maria Pau García Cupertino, responsable de Diversitat.
