Articulo de www.yosoyserviciospublicos.es
Es fácil encontrar una bandera arcoíris asociada al orgullo lésbico, gay, bisexual y trans cuando paseas por una ciudad y también en muchos pueblos de nuestro entorno. Esta bandera nació en California, en 1978 de la mano de Gilbert Bake, para un Festival del Orgullo de San Francisco, con el objetivo de reflejar la diversidad de la comunidad LGTBI y exigir iguales derechos. Hoy en día, dicha bandera se ha extendido más allá de las fronteras de Estados Unidos y es visible en muchas partes del mundo para mostrar orgullo y apoyo a los derechos LGTBI.
A nivel global los derechos LGTBI han avanzado considerablemente desde que se izara por primera vez la bandera arcoíris. Los esfuerzos invertidos por asociaciones y activistas LGTBI en todo el mundo posibilitaron que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminara la homosexualidad femenina y masculina del listado de enfermedades mentales el 17 de mayo de 1990. Dicha fecha ha sido un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos LGTBI y a partir de ahí se ha conseguido que en más de 120 estados que forman parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se haya considerado la homosexualidad como legal y en la mitad exista una legislación específica que protege los derechos, ya sea en la lucha contra la LGTBIfobia, la adopción de medidas socioparentales sobre el matrimonio o en la adopción de niñas y niños.
A pesar del ingente trabajo de las organizaciones sociales para defender iguales derechos en todo el mundo, en 70 países aún siguen siendo ilegales las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. En pleno siglo XXI, muchas personas sufren discriminación, persecución y hostigamiento debido a su orientación sexual o su identidad de género, siendo objeto de discriminaciones, múltiples violencias y en caso extremo asesinato. En consecuencia, muchas personas con el objetivo de conseguir vivir en un clima de seguridad y la libertad huyen de sus países de origen iniciando un trayecto migratorio que tiene como objetivo vivir con dignidad y libres de discriminación.
Numerosas investigaciones de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) destacan que el sexo de una persona, su orientación sexual y/o su identidad de género moldean cada etapa de la experiencia migratoria. De hecho se señala que ser LGTBI tiene consecuencias específicas sobre las redes sociales que utilizan las y los migrantes para moverse, las oportunidades de integración y trabajo en el destino previsto, y las relaciones con su país de origen.
La migración puede ser una oportunidad para empoderar a las y los migrantes LGBTI, permitiéndoles convertirse en agentes de cambio y desarrollo para ellos, sus familias y las comunidades. Al mismo tiempo, que las personas migrantes LGBTI a menudo son más vulnerables a la violencia y la explotación durante el proceso de movilidad, y pueden enfrentar múltiples formas de discriminación según el contexto de su migración.
Centrándonos en las oportunidades de integración en nuestro entorno para las personas migrantes LGTBI debemos resaltar que con la aprobación del matrimonio igualitario el 30 de junio de 2005, España se convirtió en el tercer país en legalizarlo en el mundo y en un referente en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI a nivel internacional, siendo de los países donde las personas LGTBI dicen sentirse más libres y seguras para ser y expresarse en todas sus dimensiones según estudios realizados.
Sin embargo, es necesario seguir avanzando hacia una ciudadanía plena en derechos y libertades, más aun en un momento en el que se observa un cuestionamiento y retroceso en lo que se refiere a la protección de los derechos de las personas LGTBI.
La irrupción de la COVID-19 ha acelerado el deterioro en el disfrute de estos derechos. Numerosas situaciones de vulnerabilidad que padecen muchas personas LGTBI han emergido de una manera preocupante y han evidenciado las dificultades que todavía encuentra nuestra sociedad para garantizar de manera efectiva e igualitaria el ejercicio efectivo de los derechos. En esa línea, ha de destacarse la proporción de delitos de odio que se cometen contra personas LGTBI. Según el último informe del Ministerio del Interior, confeccionado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género suponen la tercera causa del total de delitos de odio. Este informe recoge que un 16,3% de los delitos de odio registrados se han dado por motivos de orientación sexual e identidad de género (un 8,6% más respecto a los casos registrados en 2018); mientras que un 30,2% de los delitos están relacionados con hechos racistas o xenófobos (que se ha visto incrementado en un 20,9% respecto al año anterior). Tal y como muestran las cifras, el contexto actual se caracteriza por un aumento en España de los casos de delitos de odio registrados por motivos de discriminación racial o étnica y por orientación sexual e identidad de género.
A ello hay que añadir que en el ámbito del asilo, en los últimos años, se ha producido también un aumento de las solicitudes de protección internacional de personas que han sido perseguidas en sus lugares de origen por motivos de género relacionadas con la orientación sexual e identidad de género.
Teniendo en cuenta estos datos, debemos considerar que en el avance del proceso de integración de la población migrante hacia la plena igualdad de derechos y oportunidades, adquiere una especial relevancia el trabajo por los derechos de grupos de población que, en base a una serie de circunstancias, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y con necesidades específicas para que su proceso de integración se dé en términos de igualdad de trato y no discriminación. Es decir, creemos que es necesario destacar que para que los servicios públicos sean efectivamente inclusivos es clave tener en cuenta una mirada amplia de las diferentes discriminaciones que pueden interactuar, y se hace necesario prestar atención a la realidad que viven las personas LGTBI que han migrado a España.
La promoción de la igualdad de trato y la no discriminación en la sociedad española es una necesidad generalizada; sin embargo, es necesario el diseño y desarrollo de políticas y proyectos que tengan en cuenta una mirada interseccional que ponga en relación y visibilice de manera concreta las necesidades de las personas migrantes LGTBI. Se requiere de mecanismos de información, sensibilización y denuncia específicos que contribuyan a construir los pilares sobre los que sustentar procesos de integración, de conocimiento y convivencia con plenos derechos.
Las personas migrantes LGTBI siguen enfrentándose a prejuicios y discriminaciones en todos los ámbitos de su vida y muchas optan por ocultar su orientación sexual e identidad de género. Burlas, acoso laboral, vejaciones, exceso de tareas, peores condiciones laborales, impedir su promoción profesional, reconocer una categoría laboral más baja que la que realmente le corresponde son sólo algunos de los actos de LGTBIfobia en el empleo a los que se ven expuestos las personas LGTBI y por ende las personas LGTBI migrantes.
Con el objetivo de dar la vuelta a esta realidad desde Yo Soy Servicios Públicos de UGT confiamos en el impulso de campañas de sensibilización específicas y en la formación en diversidad dirigidas al personal de los servicios públicos, ya que nuestro papel es fundamental para que la diversidad sexual, familiar y de género sean una realidad en la sociedad y en los entornos laborales.
