Os compartimos el contenido del artículo de opinión publicado por Mayte Montaner, secretaria general de UGT Serveis Públics del País Valencià en el diario Levante-EMV el 14/5/2023:
Lo que la huelga de sanidad esconde
Es sabido que la sanidad pública valenciana arrastra déficits importantes a consecuencia de una injusta financiación autonómica y de recortes durante años de gobiernos populares. Sabemos también que la pandemia puso a prueba el sistema y que, a pesar de las tensiones, la maquinaria resistió y los profesionales respondieron salvando vidas, cuidando de la ciudadanía. La deuda y el agradecimiento con el colectivo sanitario serán eternos. Al menos es así para UGT Serveis Públics en cuyo ADN está la lucha por los servicios públicos de calidad.
En los últimos meses y fruto del diálogo con la mayoría sindical, la Conselleria de Sanidad ha plasmado en varios acuerdos su compromiso para fortalecer el sistema y mejorar la calidad de la prestación, además de crear un número relevante de plazas estructurales. Sin ir tan lejos, hace unas semanas se alcanzó un acuerdo histórico que supone avances laborales de primera magnitud como la implantación de las 35 horas o el incremento del pago de las guardias para equipararlas a la media nacional en todas las categorías. La limitación de pacientes diarios en medicina de familia y pediatría, la asignación de un cupo máximo de tarjetas sanitarias y la desburocratización y aplicación de nuevas herramientas tecnológicas de gestión son otras de las medidas, fruto del consenso, que aliviarán la presión en atención primaria y mejorarán las condiciones de trabajo.
Casi de forma simultánea, hace unas semanas recibimos la alarmante noticia de que el Gobierno de Andalucía había dado luz verde a la privatización de la atención primaria a través de la derivación de consultas a empresas privadas fijando el precio de la cita médica. También regulaba los supuestos en los que el personal médico de entidades privadas podrá acceder a las instalaciones públicas y practicar la explotación de los centros sanitarios, traspasando una línea roja hasta el momento infranqueable.
La receta es antigua: degradar la sanidad pública, tensionar el sistema, rebajar la inversión, saturar al personal, frustrar sus reivindicaciones… y así disponer de la justificación necesaria para privatizar.
La receta es antigua: degradar la sanidad pública, tensionar el sistema, rebajar la inversión, saturar al personal, frustrar sus reivindicaciones… y así disponer de la justificación necesaria para privatizar.
Ante esta circunstancia, una se pregunta qué intereses hay detrás del mantenimiento unilateral en el tiempo de la huelga de médicos en la Comunitat después de que la mayoría sindical haya acordado mejoras sustanciales en asistencia sanitaria y en condiciones laborales y retributivas de todo el personal, también del facultativo. No tiene ningún sentido, más allá de la repercusión mediática y el desgaste al Consell. Es una máxima sindical que la adopción de medidas de conflicto colectivo como la huelga, su mayor expresión, se convoca cuando todas las vías de entendimiento y de negociación están agotadas. Y no es el caso.
Amenazar con una huelga para extraer la negociación del ámbito legitimado para ello, la Mesa Sectorial de Sanidad, y trasladarlo al Comité de Huelga es una práctica de dudosa legalidad, pero sobre todo es irresponsable ya que el sindicato convocante apenas representa a un escaso 13% de los trabajadores y trabajadoras del sistema frente al 87% del resto de sindicatos que apuesta por la concertación.
Sinceramente, es difícil no ver intereses con fines políticos y/o mercantilistas en estas acciones de derribo, aplaudidas, además, por la misma derecha que gobierna en Andalucía. Solo así se entiende la actitud de ruptura, de confrontación y de bloqueo de la negociación que vienen provocando en los últimos meses y que quizás, más que buscar el interés del colectivo médico, pretenda favorecer ante el horizonte electoral un escenario más propicio a sus legítimos pero inconfesables intereses.
