La secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner, reflexiona en un artículo de opinión publicado en Levante-EMV sobre el riesgo de deterioro de los servicios públicos con motivo del día mundial de las administraciones públicas que se celebra este domingo, 23 de junio.
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Es una realidad irrefutable que cuando los partidos de derechas y/o liberales gobiernan, el sector público se adelgaza en beneficio del sector privado que busca hacer negocio mediante la prestación de servicios públicos. Forma parte de su ideario y no lo ocultan.
Este afán privatizador del bien común se agrava cuando hablamos de los servicios públicos esenciales que sostienen nuestro actual estado del bienestar y, por tanto, de aquellos que garantizan el acceso universal a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual, sin atender a su sexo, origen, estatus social o cualquier otra circunstancia personal o colectiva. Privatizar la educación, la sanidad o los servicios sociales es poner en manos del mercado, voraz por definición, el interés general y el bienestar de la ciudadanía.
Los servicios públicos de calidad son la piedra angular de todo nuestro entramado de derechos humanos que garantizan la Justicia Social y la igualdad de oportunidades. Privatizarlos supone poner en riesgo todo nuestro sistema democrático de derechos individuales y colectivos. Los derechos se conquistan y son el resultado de muchos años de lucha y de reivindicación de muchas generaciones, algo que, a tenor de los resultados de las últimas elecciones europeas, no parece estar socialmente asimilado. Estos derechos de ciudadanía cuestan mucho de alcanzar y son muy fáciles de aniquilar.
Venimos observando que la acción política del Consell, en apenas un año de gobierno, más allá del incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados en todos los sectores del ámbito público y de su impacto desfavorable en las condiciones de trabajo del personal, mantiene una constante: la degradación paulatina de los servicios públicos valencianos y de la calidad en la prestación, un paso previo y necesario para la privatización.
Es la denominada estrategia de la ‘lluvia fina’, un goteo de medidas cuyo impacto resulta inicialmente imperceptible pero que acaba por calar. Y cuando te das cuenta y quieres reaccionar, ya no hay marcha atrás: el sistema público se ha desbordado, es decir desmantelado, dejando libre el paso a las empresas que esperan, como agua de mayo, la oportunidad para desplegar con avaricia sus intereses mercantilizadores. Porque la salud, la educación o las pensiones no deberían ser mercancía. Y con motivo del día Internacional de los Servicios Públicos que se celebra este 23 de junio, conviene tener esta idea muy presente.
La eliminación de la Escuela Valenciana de Administración Pública, la puesta en marcha del distrito único escolar segregador que concentrará al alumnado en determinados centros escolares principalmente concertados, la supresión de unidades escolares en los colegios públicos y en las escuelas oficiales de idiomas, la paralización de construcción de centros escolares (Plan Edificant), la supresión de 5.000 plazas en educación pública de infantil y primaria, los recortes presupuestarios en relación con los programas específicos de productividad que tienen como objetivo la reducción de las listas de espera e intervenciones quirúrgicas, el incumplimiento del plan para la mejora de la atención primaria son solo algunos ejemplos.
El adelgazamiento de la administración valenciana es una idea fuerza del Consell trasladada abiertamente en varios de sus argumentarios políticos. Preguntados al respecto en varias ocasiones, alegan que se refieren a la optimización de los recursos públicos y a la simplificación de trámites administrativos, entre otras medidas a través de la digitalización, planteamientos que sin ningún género de dudas compartimos desde UGT Servicios Públicos. Sin embargo, si nos atenemos a los datos oficiales en cuanto a inversión en TIC, no parece que la digitalización de la administración valencia sea una prioridad en la agenda de la Generalitat. La Comunitat Valenciana ocupa el tercer puesto de cola, solo por delante de Ceuta y Melilla, en presupuesto destinado a Tecnologías de la Información- Porque además el lenguaje nunca es neutro y el término ‘adelgazamiento’ conlleva siempre destrucción de empleo público. Permanezcamos en alerta no sea que esta lluvia fina se convierta en una DANA con efectos catastróficos
