Compartimos el artículo de opinión publicado por la secretaria general de UGT Serveis Públics PV este martes en el diario Levante-EMV, con motivo del primer aniversario de la tragedia de la Dana
Hace un año la dana puso a prueba la fortaleza de nuestros servicios públicos. Pese a la nefasta gestión política de la tragedia, mientras las aguas inundaban calles, viviendas, colegios o centros de salud y lamentablemente 229 personas perdían sus vidas, miles de empleadas y empleados públicos respondían allí donde más se les necesitaba. Son muchas las lecciones aprendidas que van más allá de las responsabilidades políticas y judiciales. La ciudadanía es cada vez más consciente de que los servicios públicos son esenciales para afrontar las emergencias climáticas, cada día más frecuentes en nuestra Comunitat. Unos servicios públicos fuertes y bien dimensionados, pensados no sólo en términos de intervención sino también de prevención, son imprescindibles para afrontar las catástrofes naturales derivadas del cambio climático. Negar esta realidad es de una enorme irresponsabilidad política.
Ese trágico 29 de octubre y en los días posteriores, el personal de emergencias y de seguridad, el profesorado, el personal sanitario y sociosanitario o el administrativo conformaron una red humana que volvió a demostrar que los servicios públicos salvan vidas.
Por eso, en el Congreso de UGT Serveis Públics PV de junio, rendimos homenaje a las trabajadoras y trabajadores públicos que fueron esenciales durante la dana. Pero nuestra intención no es detenernos en un recuerdo que sigue doliendo y que formará parte para siempre de la memoria colectiva del pueblo valenciano, sino esforzarnos en hacer pedagogía para que la ciudadanía entienda que, no sólo en situaciones extraordinarias, sino en el día a día, los servicios públicos y quienes trabajan en ellos son esenciales.
Y seguimos denunciando que las políticas de desmantelamiento de lo público y los recortes interesados tienen consecuencias. Lo vemos con claridad en la actual gestión sanitaria: miles de mujeres esperando una mamografía y opacidad para informar sobre los cribados, listas de espera que se alargan y un sistema exhausto por falta de personal. La tormenta perfecta para privatizar la sanidad y quebrar nuestro modelo de bienestar sustentado sobre la igualdad de oportunidades.
La negociación colectiva y los servicios públicos son dos elementos clave de redistribución de la riqueza. Las jerarquías del poder lo saben y por eso sustentan la opresión estructural sobre la clase trabajadora a través de recortes y de discursos de odio que se traducen en políticas públicas discriminatorias. Desgastar a los sindicatos y debilitar los servicios públicos implica obstaculizar las posibilidades de progreso social para la mayoría de la población. Y no es casualidad que cada vez que la derecha gobierna, los índices de desigualdad se disparan.
Pero el problema es mucho más grave. Gobernar con cicatearía en nombre de la austeridad es injusto y muy peligroso. Porque, digámoslo claramente: los recortes matan. Invertir en servicios públicos no es gastar. Es prevenir, es igualar, es apostar por la vida.
El bienestar no se construye con recortes, se construye con compromiso, con inversión. En tiempos de crispación, defender lo público no es ideología: es coherencia, es solidaridad, es justicia social, es apostar por el bien común. Y ningún gobernante puede considerarse buen ciudadano -o ciudadana- si persigue intereses propios o de unos pocos. Porque donde los servicios públicos se debilitan, crecen las desigualdades, la desprotección y el miedo. Fortalecerlos es fortalecer el buen gobierno y la democracia misma.
Un año después de la dana, nuestra obligación es recordar que prevenir es vivir. Que cada inversión en servicios públicos es una apuesta por la seguridad, la igualdad y la dignidad de la ciudadanía. Y que renunciar a ellos sería imperdonable. Porque la vida no admite recortes.
