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Fernando Millán (Opinión): Luces largas en la gestión de las emergencias

Artículo de opinión del responsable de Política Sindical, Fernando Millán, sobre el futuro de los servicios de emergencias en la Comunitat Valenciana y el riesgo de que la falta de perspectiva y una política miope por parte de los actuales responsables de la Administración impida un servicio eficaz, coordinado y que de protección a la ciudadanía

Los bomberos y bomberos forestales, protección civil, el Samur y el resto de  trabajadores y trabajadoras de los servicios emergencias de la Comunitat Valenciana llevan años afrontando importantes retos que, lejos de minorarse, se va a incrementar en el futuro. Es más, desde UGT Serveis Públics PV, pensamos que se van a agravar. Nos referimos a desafíos mayúsculos como son la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias en nuestro territorio, incendios, pero también DANAS, temporales e incluso olas de calor cada día más duras y extensas.

Los efectos del cambio climático no son pasajeros. Debemos ya calificarlos como crónicos y por lo tanto, los medios que deben disponer los gobiernos locales y autonómicos deben ser constantes, bien dimensionados, no estacionales, dotados con todo el material necesario, con una formación continua y basada en la excelencia. Y, no olvidemos, con la mejor de las coordinaciones.

Si esto no sucede, no podremos salir airosos de esta encrucijada y es entonces cuándo nos haremos muchas preguntas, que llegarán tarde, como también llegarán las respuestas. Las consecuencias de que no se tomen a tiempo las medidas oportunas nos golpea directamente como sociedad.

En primer lugar, porque la seguridad de las personas se pone en cuestión en todos los municipios, pero, especialmente, en los pueblos más pequeños, que muestran una mayor vulnerabilidad. No debemos olvidar que el 75% de los municipios de la provincia de València tiene menos de 5.000 habitantes. En segundo lugar, porque la economía de la Comunitat se verá directamente afectada, no solo por la afección a sistemas productivos con mayor o menor impacto en nuestro tejido económico, sino porque los efectos del cambio climático golpearán muy intensamente nuestras infraestructuras básicas. Y, en tercer lugar, porque debemos de ser capaces de poner sobre la mesa los derechos medio ambientales de la sociedad valenciana. Estos derechos forman parte de los llamados derechos de tercera generación, garantías fundamentales que, cada día más, van a ser reclamados con mayor intensidad por la ciudadanía.

Sin duda, sienta un mal precedente el despido de decenas de bomberos forestales con excusas que no superarían el más sencillo test de veracidad. Lo triste y peligroso es que la falta de perspectiva y la política miope no permita trabajar en construir un sistema de emergencias integrador en el que las valencianas y los valencianos se sientan seguros y protegidos.

Con este escenario por delante, el Gobierno de la Generalitat tiene que ejercer como lo que es: el gobierno de todos los valencianos y valencianas y ello implica  garantizar derechos, garantizar la protección civil. ¿Cómo se consigue? A través del fortalecimiento institucional, del incremento de los recursos humanos y materiales en materia de extinción de incendios y su prevención, mediante la mejora de los sistemas de emergencias. Toda una serie de medidas que ya llevan muchos años reivindicadas y plasmadas por escrito. No hablamos de literatura fantástica, sino de una realidad desgraciadamente testada que requiere una respuesta sin demoras.

Mal asunto es que una cuestión de tal envergadura, tan sensible y crítica para el futuro de la Comunitat  Valenciana, como es  la lucha y la prevención contra los efectos del cambio climático, esté en manos de aquellas personas que, primero, califican el efecto invernadero como la soga verde; y segundo, entienden la función pública como un mal necesario. Sin duda, sienta un mal precedente el despido de decenas de bomberos forestales con excusas que no superarían el más sencillo test de veracidad. Lo triste y peligroso es que la falta de perspectiva y la política miope no permita trabajar en construir un sistema de emergencias integrador en el que las valencianas y los valencianos se sientan seguros y protegidos.

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