El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso de una trabajadora del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) que reclamaba al organismo público seguir teletrabajando en las mismas condiciones que tenía durante la pandemia. La petición fue denegada por la dirección del organismo dependiente de la Conselleria de Innovación, pero los servicios jurídicos de UGT han conseguido que el alto tribunal dé la razón a la demandante. En la sentencia, el TSJCV reconoce que esta trabajadora, con dos hijos menores de 12 años, tiene derecho a adaptar la jornada a esta modalidad laboral «con el fin de hacer efectivo su derecho a conciliar la vida familiar y laboral».
La importancia de esta sentencia radica en que el alto tribunal considera infringido el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (ET), en el que se recoge que «las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo (…) incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación». En este caso, el alto tribunal reprocha a la administración que ni siquiera abriera un proceso para negociar la petición de la demandante. Después de varias resoluciones contrarias, la parte recurrente centró la reclamación en ese «derecho a ajustar la jornada laboral con fines de conciliación» recogido en el ET, algo que la sala considera un «derecho con impacto constitucional» por los hijos menores a cargo que tiene la persona demandante.
Falta de negociación
Además, la falta de negociación fue clave. Según el TSJ, «no consta» que el Ivace «haya abierto un proceso de negociación» ante la petición de teletrabajo de la empleada. Además, no planteó una «propuesta alternativa» ni adujo «razones objetivas» para denegar la adaptación de la
jornada. El ET dicta que, sin regulación expresa, la empresa debe abrir negociación en un máximo de 15 días tras el fin del plan previo. Por todo ello, falla a favor de la trabajadora y ampara su derecho teletrabajar «tal y como venía haciendo» durante la vigencia del plan del teletrabajo del IVACE para «hacer efectivo su derecho a conciliar».
Cabe apuntar que en la actualidad existen cerca de 8.000 empleados y empleadas laborales que trabajan en el sector público valenciano y muchas de esas personas podrían tener necesidades de conciliación recogidas por el Estatuto de los Trabajadores. De ahí, que desde UGT Serveis Públics se considera que se ha abierto una puerta para avanzar en el teletrabajo en la Generalitat, tanto en el ámbito del personal laboral, como, llegado el caso en el ámbito funcionarial, ya que existe normativa europea que impide trato desigual entre personal. Además, la Federación avisa que, por la vía de la negociación, va a seguir exigiendo al Gobierno de la Generalitat que ponga fin a los recortes en el teletrabajo y que impulse los cambios normativos necesarios para garantizar el derecho de las personas trabajadoras del ámbito público a teletrabajar sin necesidad de acudir a los tribunales.
