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El personal del transporte sanitario en ambulancia protesta ante Sanidad para exigir salarios y condiciones dignas

UGT Serveis Públics PV y los sindicatos CC OO y CSIF denuncian que este servicio público externalizado está cimentado en su bajo coste y en las malas condiciones de las plantillas, que pueden realizar hasta 60 horas extra mensuales. Los sindicatos reclaman un convenio digno para el sector, que afecta a 2.000 trabajadores, para dejar de ser el personal ‘low cost’ de la sanidad valenciana

CCOO UGT y CSIF han convocado esta mañana una concentración de trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario en ambulancia de la Comunitat Valenciana ante la Conselleria de Sanidad. Se inicia así un proceso de movilizaciones, con el objetivo de reivindicar un convenio colectivo digno para el sector. Tras más de seis meses de negociación, la patronal y sus principales empresas, que prestan servicio para la sanidad pública, siguen sin realizar ninguna propuesta que pueda facilitar un acuerdo.

El servicio de ambulancias de la Conselleria de Sanidad se adjudicó el verano de 2022, por un periodo de 4 años. Las mismas empresas que licitaron libremente y a las que se les volvió a adjudicar el servicio, niegan ahora a los trabajadores y a las trabajadoras su derecho a revalorizar sus salarios y a mejorar sus condiciones de trabajo. La patronal ni siquiera ofrece el muy insuficiente incremento del 3 % anual al que se comprometieron con la Conselleria de Sanidad cuando les adjudicaron el servicio.

El personal del sector está subsistiendo con salarios de entre 1.050 euros y 1.200 euros netos por 40 horas semanales de trabajo, según categorías. Las plantillas se mantienen gracias a la desproporcionada, y ahora declarada ilegal, cantidad de horas de exceso que se realizan, alcanzando las 60 horas extras mensuales en alguna provincia. Los sindicatos califican esta situación como insostenible, pues estos salarios no son acordes a la formación y responsabilidad requeridas, ni a las jornadas de trabajo realizadas.

El personal del sector está subsistiendo con salarios de entre 1.050 euros y 1.200 euros netos por 40 horas semanales de trabajo, según categorías. Las plantillas se mantienen gracias a la desproporcionada, y ahora declarada ilegal, cantidad de horas de exceso que se realizan, alcanzando las 60 horas extras mensuales en alguna provincia.

Los sindicatos exigen la equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas, donde se cobra solo por conceptos fijos entre un 15 % y un 45 % más (45 % Madrid, 35 % País Vasco, 30 % Navarra, 25 % Catalunya y 20 % Castilla- La Mancha y Murcia).

“La ciudadanía valenciana no merece que un servicio público esencial esté cimentado en su bajo coste y en las malas condiciones laborales de la plantilla”, ha asegurado los responsables sindicales. Es más, “otras autonomías ya emprendieron el camino de la gestión directa mediante distintos modelos”, ha añadido. Consideramos que se externaliza el servicio, no para optimizarlo, sino para abaratarlo, a costa de explotar a los trabajadores y trabajadoras.

“Esta no puede ser la vía. Las condiciones laborales no pueden seguir degradándose más. Los más de 2.000 trabajadores y trabajadoras del sector han llegado a su límite y merecen salarios acordes a su formación y dedicación”, han manifestado.

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