Cuatro claves para entender el acuerdo de financiación de las universidades públicas valencianas

El Acuerdo del Consell de 30 de septiembre de 2025, que aprueba el Marco Presupuestario a Medio Plazo y el Instrumento de Programación y Financiación Plurianual de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana (2026-2029), es un paso en la dirección correcta. Esto es innegable. Cumple formalmente con lo que exige el artículo 56 de la LOSU: dotar de previsión y horizonte a la financiación universitaria.

Por fin la Generalitat asume la obligación de establecer una planificación a cuatro años, porque llevamos más de una década denunciando la inestabilidad presupuestaria y la falta de criterios claros. Pero no basta con cumplir el trámite legal. El modelo aprobado deja abiertas demasiadas incógnitas, y lo que está en juego es la sostenibilidad del sistema y la dignidad de quienes lo sostienen. Ahora es cuando expongo los peros.

Las universidades públicas valencianas arrastran desde hace años deudas históricas, resultado de transferencias insuficientes, retrasos en los pagos y deudas acumuladas.

Si el nuevo marco no prevé un fondo de compensación para saldar esos déficits, buena parte de los nuevos fondos servirán para tapar agujeros y no para avanzar en investigación, innovación o estabilización de plantillas.

El acuerdo habla de estabilidad, pero no hace referencia al IPC ni a los costes reales. Si la financiación se mantiene fija mientras suben salarios y precios, la estabilidad será solo un espejismo. Se tiene que garantizar de verdad, pero de verdad, estabilidad y suficiencia presupuestaria.

La aprobación del marco plurianual se ha realizado sin participación sindical y sin compromisos concretos en materia de personal.

Considero absolutamente imprescindible que la programación universitaria incluya objetivos claros para estabilizar el empleo, reducir la precariedad del PDI temporal, avanzar en la promoción profesional del PTGAS y reconocer la carga docente e investigadora.

No puede hablarse de sostenibilidad universitaria mientras miles de personas trabajadoras en la universidad encadenan contratos temporales o parciales en una institución que debería ser ejemplo de empleo público de calidad. Esto no se soluciona cubriendo el expediente con un acuerdo.

El texto hace referencia a indicadores y objetivos, pero no detalla los criterios de distribución de fondos entre universidades. Sin esa información, se corre el riesgo de reproducir un reparto histórico que perpetúe desigualdades.

Es por ello, por lo que evidentemente necesitamos que los anexos técnicos se publiquen íntegramente y que el seguimiento sea público, transparente y con participación social.

El acuerdo de septiembre de 2025 puede ser una oportunidad para modernizar la financiación universitaria valenciana, pero solo si se dota de contenido real, participación y compromiso social.
Seguimos reclamando una financiación suficiente y estable, un empleo digno y la plena democratización de la gestión universitaria.

La universidad pública valenciana no necesita promesas a cuatro años vista, sino garantías firmes de futuro.

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UGT Serveis Públics

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