RAE, definición de canalla: «Persona despreciable y de malos procederes».
Hace poco más de seis meses que venimos sufriendo la que seguramente es una de las pandemias más mortíferas de la historia de la humanidad. Lo que nos parecía un brote curioso surgido en una remota provincia china, pronto acaparó la curiosidad del mundo entero. La enorme capacidad de contagio de la enfermedad, así como su letalidad sorprendió a todo el mundo, varias teorías se difundieron sobre su procedencia, desde la ingesta de animales salvajes hasta otras más conspiranoicas como la manipulación genética celular por parte del ejército chino.
La salud pública era hasta ahora una de las ramas de la sanidad menos conocidas. Esta especialidad no es rentable económicamente en los términos de los que ven en la sanidad un negocio, por eso el PP nunca le prestó atención, tampoco invirtió en ella. Ni pudo privatizarla.
La otra hermana pobre de la sanidad pública es la asistencia primaria, la puerta de entrada a nuestro sistema nacional de salud que tiene una relación muy estrecha con la salud pública. Una buena dimensión de las dos y una buena coordinación son absolutamente necesarias para mantener a la población en los estándares de salud que marca la OMS.
¿Qué medidas implementó el PP frente a la pasada crisis económica? Reducir los servicios públicos y en sanidad, privatizar lo que pudo. Se desentendió de la asistencia primaria, centrando su esfuerzo en un modelo hospitalocentrista a través de la colaboración público-privada que dejaba la puerta abierta a cohechos propios e impropios, corrupción y un largo etcétera.
El Gobierno central declaró el estado de alarma durante 15 días, la actividad económica quedó paralizada excepto la declarada de carácter esencial. Después, cada quince días el Gobierno acudía al Congreso para, una vez finalizado el estado de alarma, ir determinando las diferentes fases de desescalada hasta la vuelta a la «nueva normalidad».
En la primera votación, el Partido Popular estuvo del lado del Gobierno. A partir de ese momento el líder del PP, Pablo Casado, recibiría la oportuna llamada del ‘think tank’ popular , la fundación FAES y rápidamente empezó a realizar oposición al Gobierno de España con este asunto de tanta trascendencia.
Para el PP, lo que ocurría en España era propio de la ineficacia del Gobierno, como si en el resto del mundo no ocurriera nada. Además de acusar al Gabinete de Pedro Sánchez de ineficaz y de responsabilizarle de todos los males que acompañaban a la pandemia reclamaron con urgencia el fin de las fases de desescalada porque desde las comunidades autónomas se gestionarían mejor los efectos de la enfermedad.
Cuando los aplausos en los balcones de toda España agradecían la labor de los profesionales de la sanidad pública, la derecha comenzó a convocar caceroladas en contra del Gobierno, y un poco más tarde los ‘cayetanos’ madrileños se manifestaban por el barrio de Salamanca de la capital de España, al grito de «¡Libertad!». Acusaban al Ejecutivo de cercenar la libertad de expresión, porque se exigía a los ‘cayetanos’ que al manifestarse guardaran la distancia social de dos metros para evitar la propagación de la enfermedad. Eso sí, el PP acusaba al Gobierno de propagar la covid-19 al convocar la manifestación del 8 de Marzo mientras defendía a los ‘cayetanos’.
Cuando el Gobierno transfirió a las comunidades autónomas la finalización de la fase tres, especificó que era fundamental e imprescindible reforzar la atención primaria y proceder a la contratación de rastreadores suficientes, para que una vez detectado un rebrote proceder a la localización de todas aquellas personas que habían estado en contacto estrecho con el infectado, y proceder a su aislamiento y estudio. Además, ofreció también la oportunidad de aportar rastreadores de la UME, la Unidad Militar de Emergencias denostada por José María Aznar, para ayudar en estas tareas.
Nadie esperaba que si una comunidad autónoma como la de Madrid decidía concluir la fase tres, mentiría al afirmar que había reforzado la asistencia primaria o mentiría al afirmar que tenía contratados suficientes rastreadores. Y, ¿por qué mintió? Pues porque prefirió no tomar ninguna medida impopular, como reducir aforos de bares y restaurantes, o proceder al cierre de los mismos al finalizar la tarde. Prefirió mantener toda la actividad económica aunque perjudicara la salud de sus ciudadanos.
Al tiempo, ahora que tenía en sus manos las competencias que reclamara con tanta insistencia, le reclamaba al Gobierno que dictara medidas para luchar contra la propagación de la enfermedad. Exigió una reunión con el presidente del Gobierno, ésta se realizó con gran parafernalia mediática y banderil, como le gusta a Isabel Díaz Ayuso, se estableció un comité coordinador entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, se acordaron las medidas y a las 24 horas Díaz Ayuso renegaba de lo pactado el día anterior. Finalmente el Gobierno central, tras acordar con todas las comunidades autónomas los criterios a seguir para adoptar medidas extraordinarias de restricción de movimientos, aforos, horarios decidió obligar a Díaz Ayuso a adoptar medidas que ella se negó a acatar, exigiendo a la Audiencia Nacional que se pronunciara sobre la decisión del Gobierno. Para acabar manifestando que para curar al 1 % no podía sacrificar el bienestar del otro 99 %. Es decir, le importa un bledo la vida de casi 70.000 madrileños. Y al final, el Gobierno central tuvo que decretar el estado de alarma.
En definitiva se trata de un Gobierno autonómico, el madrileño, que actúa con malos y despreciables procederes, es decir, unos canallas.
