UGT Serveis Públics del País Valencià ha respaldado las concentraciones convocadas este jueves, 24 de octubre, por las trabajadoras y trabajadores de los centros de gestión integral de personas mayores para exigir la homologación salarial acordada hace más de dos años y la licitación de los contratos.
Con el apoyo sindical, el personal de las residencias de la Comunitat Valenciana ha secundado masivamente estas movilizaciones con el objetivo de denunciar cómo la inacción de la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad está quebrando la economía de cientos de familias y elevando su precariedad a límites intolerables.
UGT Serveis Públics, que ha participado en las protestas, recuerda que este colectivo que trabaja en centros de titularidad pública y de gestión integral está integrado en su mayoría por mujeres, muchas de ellas con hijas e hijos a su cargo que no solamente están sometidas a intensos horarios, sino que, además, tienen sus retribuciones prácticamente congeladas desde hace años y muy por debajo de lo que cobran otras empleadas y empleados por el mismo trabajo.
Las protestas han contado también con el apoyo y la participación de las personas usuarias que también están afectadas por la negativa de la Conselleria de Servicios Sociales a licitar unos contratos que llevan años en enriquecimiento injusto y que está abocando al bloqueo de las condiciones laborales y perjudicando la atención a la ciudadanía. Durante las protestas, el personal ha exigido a la Conselleria que dirige Susana Camarero que publique las licitaciones. Además, han exigido que los presupuestos de 2025 contemple recursos suficientes para atender las necesidades de estos centros.
«Somos un sector que está cansado y no vamos a parar hasta que la administración cumpla con los acuerdos», ha advertido Carla Casanova, delegada de UGT Serveis Públics PV y portavoz del comité de empresa el centro de personas mayores de Velluters en València.
UGT denuncia que la Conselleria de Servicios Sociales está incumpliendo de manera reiterada los acuerdos de equiparación salarial firmados en noviembre de 2022. Así, tiene paralizada la publicación de los contratos de estos centros, lo que supone un perjuicio al personal, pues les niega la equiparación salarial al sector público de servicios sociales. El sindicato recuerda que esta equiparación salarial tendría que haber comenzado en enero de 2023.
