UGT Servicios Públicos ha iniciado una campaña para visibilizar las reivindicaciones de las 22.000 personas trabajadoras del sector de las mutuas colaboradoras con la seguridad social (MCSS). Paralelamente, el sindicato ha pedido una reunión a Marta Morano Larragueta, Directora General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) del actual gobierno, para analizar los problemas que acucian al sector, como son la falta de personal sanitario que puede llegar a provocar el cierre de centros o la necesidad de contar con un convenio propio que desarrolle en plenitud la negociación colectiva.
Ana Francés, secretaria del sector Salud y Sociosanitario de UGT Servicios Públicos pide que se cumpla el compromiso de la DGOSS de crear una estructura de comunicación permanente que permita un diálogo fluido entre el Ministerio y el Sector de Mutuas para solucionar unos problemas que aquejan a los trabajadores desde hace décadas, ya que su encuadramiento en el Convenio Sectorial Estatal junto con las compañías de Seguros y Reaseguros no da respuesta a las necesidades del sector. Además de un convenio propio, el sindicato señala la urgencia de mejorar la gestión de los recursos humanos para dimensionar las plantillas adecuadas a las necesidades reales de cada entidad, con empleo de calidad; avanzar en la flexibilidad horaria y la jornada de 35 horas semanales, tal como se aplicará para el resto de empleados del SNS. En este sentido, la responsable de Salud de UGT subraya que “es fundamental acabar con el actual agravio comparativo que sufren las plantillas de las Mutuas con el resto de empleados y empleadas públicos”.
“Sobre las trabajadoras y trabajadores de las mutuas recaen la peor parte de la empresa pública y de la privada”.
Ana Francés, secretaria del sector Salud y Sociosanitario de UGT Servicios Públicos
Las MCSS tienen un gran peso en el sistema de la seguridad Social en tanto en cuanto manejan un presupuesto anual de unos 18.000 millones de euros, procedentes de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, con el cual gestionan las prestaciones económicas y asistenciales de unas 20 millones de personas trabajadoras.
Contra la lógica tendencia a que las mutuas se conviertan en entidades plenamente integradas en la salud pública, este hecho nunca se ha producido y, pese a estar tuteladas por el Ministerio de Seguridad Social y nutrirse de fondos públicos, mantienen su identidad jurídica privada para beneficio de sus directivos y perjuicio de las personas trabajadoras que se encuentran en una permanente indefinición e indefensión, sufriendo los recortes salariales del sector público pero también siendo excluidos de las mejoras pactadas entre sindicatos y CEOE. Los empleados y empleadas de las mutuas están sometidos a sobrecargas de trabajo con una remuneración muy por debajo de las del sector público. “Sobre las trabajadoras y trabajadores de las mutuas recaen la peor parte de la empresa pública y de la privada”, denuncia Francés.
