El Sindicato Profesional de Bomberos de UGT Servicios Públicos muestra su oposición a que los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento participen en la ejecución de desahucios cuando no exista una emergencia real que requiera su intervención. El sindicato considera que bomberos y bomberas constituyen un servicio público de emergencias cuya misión es proteger la vida y la integridad de las personas, sus bienes y el medioambiente ante incendios, accidentes, rescates y otras situaciones de riesgo.
La ejecución de un desahucio no constituye, por sí sola, una emergencia que justifique la movilización de los servicios de bomberos y bomberas. Su intervención debe responder a una necesidad concreta de prevención de daños, protección o salvamento, técnicamente valorada y comprendida en sus funciones, sin perjuicio de los deberes legales de colaboración con la Administración de Justicia.
El Sindicato Profesional de Bomberos de UGT Servicios Públicos demanda instrucciones y protocolos que identifiquen, entre otros aspectos, la autoridad requirente, la tarea solicitada, la valoración del riesgo, el fundamento funcional, la coordinación entre servicios y la constancia de las incidencias. Estos protocolos deben proporcionar seguridad jurídica al personal, delimitar las actuaciones exigibles y permitir comunicar y resolver las discrepancias competenciales por los cauces legalmente establecidos.
También considera que la defensa de sus funciones profesionales debe desarrollarse con respeto al régimen de obediencia y a la excepción prevista para las órdenes manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico. UGT Servicios Públicos pide a las Administraciones responsables de los servicios de bomberos y bomberas que establezcan criterios claros para evitar su utilización en actuaciones de desahucio que no estén asociadas a una emergencia real. Reclamamos, asimismo, que se respete el carácter profesional del servicio y que no se le encomienden tareas ajenas a sus funciones. UGT Servicios Públicos reclama, por ello, una intervención coordinada de las Administraciones competentes y de los servicios sociales, orientada a minimizar los daños y proporcionar respuestas efectivas a la necesidad habitacional, sin trasladar esa responsabilidad a los servicios de emergencias.
Esta posición no cuestiona el cumplimiento de las resoluciones judiciales ni los deberes legales de auxilio, pero sí reclama que los requerimientos dirigidos al servicio identifiquen la actuación solicitada y su fundamento, así como que la colaboración se desarrolle respetando las competencias y funciones legalmente atribuidas a los servicios de bomberos y bomberas .
