La jornada Alerta Roja: Serveis Públics en Risc organizada por UGT Serveis Públics PV en colaboración con Levante-EMV se convierte en un foro de debate en el que se ha analizado la situación crítica de los servicios públicos esenciales y las posibles soluciones
Los servicios públicos esenciales, como son la sanidad y la educación, se encuentran sometidos en la Comunitat Valenciana a proceso deliberado de degradación, recortes y privatizaciones, un camino impulsado por la ideología neoliberal que abraza el actual Consell del PP , con apoyo de Vox, y que, lejos de avanzar en la igualdad, perpetua las desigualdades sociales. Por eso, es urgente un pacto social colectivo que garantice lo público como sostén de la democracia, lo que implica mayor inversión, estabilidad de las plantillas públicas y una verdadera voluntad política para blindar los derechos de la ciudadanía frente a los ataques actuales.
Esta es la principal conclusión de la jornada ALERTA ROJA : SERVEIS PÚBLICS EN RISC» celebrada este miércoles en el salón de actos de UGT País Valencià, organizada por la federación de servicios públicos de UGT, en colaboración con Levante-EMV. Un encuentro, abierto a la sociedad civil, y que contó con la participación de dirigentes sindicales de primer nivel y de representantes de la Escola Valenciana, la Plataforma para la Sanidad Pública y el Síndic de Greuges Ángel Luna.
La jornada, conducida por Silvia Tomás, Directora de Relaciones Institucionales de Levante-EMV, fue inaugurada por Mayte Montaner, Secretaria General de UGT Serveis Públics del País Valencià, quién abogó por abrir un espacio de reflexión, denuncia y «rearme ideológico» ante el avance de fuerzas antidemocráticas, los recortes, las privatizaciones y el desmantelamiento de la atención social. Durante su intervención, Montaner reivindicó que los servicios públicos son los verdaderos mecanismos igualadores y redistribuidores de la riqueza, fundamentados en la justicia social y la igualdad de oportunidades. Además, destacó que los empleados y empleadas públicos son el pilar del sistema y que el deterioro de sus condiciones laborales repercute directamente en la calidad del servicio a la ciudadanía.
«Las empleadas y los empleados públicos somos el pilar fundamental que sostiene este sistema, y la merma de nuestras condiciones laborales afecta directamente a la calidad de la prestación de los servicios públicos», aseguró. La dirigente sindical hizo una crítica de las políticas neoliberales y de las rebajas fiscales porque restan ingresos para la sanidad y la educación: «Los verdaderos mecanismos igualadores y de redistribución de la riqueza son los servicios públicos, es la negociación colectiva y es un sistema fiscal progresivo y justo», sostuvo.
Silvia Tomás moderó la primera mesa de la jornada, bajo el título: Blindar los Servicios Públicos y que contó con la participación del Síndic de Greuges y de la Secretaria General de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. Luna arrancó con un diagnóstico realista de los servicios públicos que, admitió, «están al límite de su capacidad», una situación crítica que tiene su reflejo en el aumento masivo de quejas recibidas en la Sindicatura en materia sanitaria (que se han más que duplicado) y de servicios sociales. dvierte que «lo peor no ha llegado, sino que está por llegar»: «Los servicios esenciales en estos momentos están amenazados por razones ideológicas». El defensor del pueblo valenciano alertó sobre la ideología ultraliberal que busca recortar el Estado al mínimo e imponer discursos que usan a la población inmigrante como chivo expiatorio del colapso de los servicio
En su intervención, subrayó la complejidad de la gestión sanitaria, así como la falta de transparencia en las listas de espera y la carencia de procedimientos administrativos claros de reclamación para la ciudadanía. Sobre la educación, señaló que concertada que cobra cuotas encubiertas y la implantación del distrito único fomentan una grave segregación escolar y social. Además, habló del laberinto burocrático en servicios sociales y la Ley de Dependencia y apuntó que el avance de la Inteligencia Artificial obligará a redefinir el rol del personal público hacia el acompañamiento directo al ciudadano.
Por su parte, Isabel Araque hizo una encendida defensa de lo público: «Los servicios públicos distinguen a un Estado social y democrático de derecho de uno neoliberal; convierten bienes comunes en derechos efectivos y actúan como salario indirecto que determina el nivel de vida de la ciudadanía». La máxima responsable de la federación de servicios públicos enfatizó que los derechos no son irreversibles y deben negociarse, conquistarse y defenderse a diario frente a modelos que pretenden transformar a los usuarios en clientes.
En su intervención, resaltó la negociación del Estatuto Marco impulsada por UGT, que ha logrado el reconocimiento de la plantilla, la reducción de sobrecargas, la conciliación, la reclasificación funcional, la jornada ordinaria de 35 horas, la cobertura al 100% de la incapacidad temporal y la limitación de guardias. Respecto a la Inteligencia Artificial, Araque indicó que debe servir para eliminar el trabajo repetitivo, requiriendo un plan de gobernanza, transparencia y planificación de recursos humanos para cubrir el relevo generacional de más del 60% de las plantillas en diez años. Para Araque es esencial aislar la sanidad y la educación del debate electoralista mediante pactos de fondo a largo plazo.
» Frente a la ultraderecha que está hablando de que lo público es un gasto, tenemos que decir sin complejo de ningún tipo que los servicios públicos son democracia, los servicios públicos son libertad, los servicios públicos son el Estado del bienestar», defendió.
La segunda mesa, dedicada a la deriva de la educación y la sanidad, arrancó con la intervención de Eduardo Zafra, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià. Según su diagnóstico, existe un deterioro en la satisfacción ciudadana que recoge el barómetro sanitario debido, en su opinión, a la falta de accesibilidad en atención primaria, el aumento de demoras en especialidades y pruebas diagnósticas, la falta de equidad por la derivación a la sanidad privada y el déficit estructural de gestión. Zafra enumeró una serie de propuestas, tales como, la implicación de los profesionales de la salud en la planificación y depuración rigurosa de las listas de espera, la potenciación de las consultas de enfermería y equipos multidisciplinares para agilizar la atención, el fomento de la participación ciudadana real a través de los consejos de salud, la recuperación de la dedicación exclusiva del personal médico en la sanidad pública y la reforma del modelo de financiación autonómica para evitar presupuestos sanitarios deficitarios.
Por su parte, Eva Plana,, Secretaria del Sector de Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT Serveis Públics PV dibujó una situación de dejadez extrema en recursos humanos e infraestructuras, con sobrecarga laboral, estrés, saturación de boxes en urgencias, fuga de profesionales hacia otras comunidades, el extranjero o el sector privado, e incremento de agresiones. La dirigente sindical abogó por una inversión estructural en recursos humanos, tecnología propia e infraestructuras sanitarias, una formación pública continuada y universal a través de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), así como bolsas de trabajo públicas, transparentes y con baremos justos. Además, exigió la aplicación de planes de prevención contra agresiones en el entorno sanitario y llegada de la jornada de 35 horas acompañada del incremento de 2.500 plazas estructurales acordadas.
Por la parte de Educación, Rosana Martínez, presidenta de Escola Valenciana, expuso las carencias del sistema educativo desde la perspectiva de las familias. La elevada diversidad y complejidad en las aulas sin la dotación de recursos ni profesionales de apoyo necesarios; la sobrecarga emocional y burocrática del profesorado y las infraestructuras deficientes (barracones y problemas eléctricos) dibujan una situación crítica.
Durante su intervención, hizo una defensa férrea del valenciano y denunció la llamada ley de «libertad educativa», señalando que promueve la sustitución lingüística, estigmatiza al valenciano, reduce su presencia en las aulas y recorta las ayudas a su promoción. Martínez reclamó a los poderes públicos respaldo e incentivos institucionales al valenciano, reducción de ratios, aumento de presupuestos e infraestructuras dignas, e incremento de plantillas para atender la diversidad.
En representación del sector de Educación de UGT SP, Kilian Cuerda fue contundente al denunciar una voluntad deliberada por parte del Consell de degradar los servicios públicos para favorecer intereses privados. Así, coincidió con Rosanna Martínez, en denunciar la infrafinanciación, los salarios docentes desactualizados, la sobrecarga en aulas masificadas, la falta de personal de inclusión y los intentos de desacreditar la autoridad del profesorado.
El delegado sindical y activista por la escuela pública planteó una inversión estructural masiva en educación pública, la dignificación salarial y profesional del cuerpo docente, el freno a la «policía política» en la inspección educativa y la construcción de un gran pacto social y unitario entre la comunidad educativa y la ciudadanía movilizada.
El cierre de la jornada corrió a cargo de Isabel Araque para quien es necesario el rearme del sindicalismo de clase para hacer frente a la polarización, la incertidumbre y los mensajes populistas de la ultraderecha: «Generan miedos que pretenden desmantelar el Estado de Bienestar. Ante esto, el sindicato a ofrece certezas, seguridad y derechos». Para la dirigente sindical lo público es el gran seguro colectivo y la columna vertebral de la democracia, la igualdad y la economía productiva.
En clave de elecciones sindicales, instó a las delegadas y delegados a peinar todos los centros de trabajo para lograr una participación masiva que legitime el sindicalismo de clase y fortalezca la negociación colectiva. Además, defendió la participación activa en la huelga general del 11 de noviembre para reivindicar salarios dignos, el acceso a la vivienda, la mejora de las condiciones de trabajo y la preservación de los servicios públicos frente a las políticas de recorte.
Por último, hizo un llamamiento para tejer alianzas amplias con los sectores de la cultura, la sanidad, la educación y la sociedad civil para blindar la democracia y defender lo público.
