Los servicios jurídicos de UGT Servicios Públicos (UGT-SP) en Extremadura han anotado un contundente triunfo judicial en la defensa de los derechos laborales que puede servir de base para reclamaciones en otras comunidades
El Tribunal de Instancia de Cáceres nº 3 ha fallado a favor de una trabajadora frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, en una sentencia que reconoce el derecho íntegro de los períodos vacacionales solicitados por la empleada pública, trabajadora no docente de un Centro Educativo, mientras el Centro permanece abierto.
El litigio se originó cuando la demandante, que presta servicios como A.T.E. Cuidadora en un Centro Docente de la Junta de Extremadura, registró una solicitud para disfrutar de sus vacaciones en diversos períodos repartidos entre los meses de junio, noviembre y diciembre del año en curso. Ante esta petición formal, la Administración autonómica no dictó ninguna resolución expresa al respecto.
Durante el procedimiento judicial, la Consejería de Educación se opuso a la demanda, argumentando que las vacaciones del personal laboral en los centros educativos debían coincidir obligatoriamente con la franja temporal de cierre de las instalaciones. Sin embargo, se demostró que la Junta se limitó a enviar un correo genérico a los centros educativos, eludiendo su responsabilidad de emitir una respuesta individual, formal y motivada a la empleada.
La resolución judicial es precisa en sus fundamentos. El tribunal sustentó su decisión recordando que el derecho a las vacaciones está protegido por el artículo 40.2 de la Constitución Española y el Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo.
La Sentencia condena a la Junta de Extremadura al reconocimiento del derecho al disfrute de las vacaciones en las fechas exactas requeridas por la empleada.
La labor del gabinete jurídico regional de UGT-SP ha sido fundamental para frenar esta práctica de desamparo institucional, demostrando el valor de la acción sindical en los tribunales.
Esta sentencia sienta un precedente contra la precariedad y puede servir de apoyo para otras reclamaciones en otras comunidades.
