UGT Serveis Públics del País Valencià advierte de que la ley sola no basta para proteger la salud en el trabajo: es necesario formar, prevenir y una correcta evaluación de riesgos
Este 2026 conmemoramos, en el marco del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), una norma que marcó un antes y un después en la protección de la salud de las personas trabajadoras.
Una celebración que coincide, además, con la declaración de 2026 como «Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo» por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social y con la tramitación parlamentaria de la actualización de la LPRL, todavía pendiente de aprobación.
Treinta años después, la conclusión es clara: la ley fue necesaria y útil, pero ya no es suficiente. El mundo laboral de 2026 poco tiene que ver con el de 1995.
La digitalización, la inteligencia artificial, el teletrabajo, el envejecimiento de la población activa, la mayor participación de las mujeres en el empleo y el impacto del cambio climático están redefiniendo tanto el trabajo como los riesgos asociados.
Los datos hablan por sí solos: en 2025, 735 personas murieron por accidentes de trabajo en España, más de dos cada día. En la Comunitat Valenciana, fueron 82.
Sí es cierto que los accidentes se han reducido debido a factores como la reforma laboral de 2021 que redujo la temporalidad o las subidas del salario mínimo interprofesional, que han mejorado las condiciones en los sectores más precarizados. Pero estos avances son insuficientes si no van acompañados de una política preventiva real.
Uno de los grandes problemas de hoy es la salud mental. El aumento de las cargas y ritmos de trabajo, la disponibilidad permanente, la falta de control sobre las tareas o las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar han convertido los riesgos psicosociales en un problema prioritario.
El segundo gran reto es la transformación digital. La tecnología puede mejorar procesos y facilitar tareas, pero también puede aumentar el aislamiento, la hiperconexión o el control permanente mediante algoritmos. Sin regulación y sin límites, la digitalización puede deteriorar las condiciones de trabajo en lugar de mejorarlas.
A esto se añade que la perspectiva de género sigue siendo una asignatura pendiente en la prevención de riesgos laborales. Las evaluaciones de riesgos continúan sin reflejar adecuadamente las diferencias reales entre mujeres y hombres en su exposición a los riesgos, especialmente en sectores feminizados.
Tampoco podemos obviar el envejecimiento de la población activa. Alargar la vida laboral sin adaptar los puestos de trabajo, los ritmos y las exigencias físicas tiene consecuencias directas sobre la salud. Trabajar más años no puede significar trabajar en peores condiciones.
Y, por supuesto, está el cambio climático. El aumento de temperaturas y los fenómenos extremos afectan a todos los sectores e impactan directamente en la seguridad y salud de las personas trabajadoras, obligando a adoptar medidas preventivas concretas que garanticen condiciones de trabajo seguras.
Ante todo esto, desde UGT Serveis Públics PV consideramos urgente avanzar en la actualización de la normativa preventiva. Pero no solo eso. Es imprescindible garantizar su cumplimiento real.
Eso significa impulsar la formación preventiva en todos los niveles educativos, mejorar la calidad de los servicios de prevención y las evaluaciones de riesgos con especial atención a los riesgos psicosociales, incorporar de forma transversal la perspectiva de género y de edad en las normas y regular con claridad los efectos de la digitalización sobre la salud laboral. También resulta clave fortalecer la protección frente a los riesgos derivados del cambio climático, con protocolos claros, formación específica y capacidad real para adaptar o paralizar la actividad cuando exista peligro.
Pero nada de esto es posible sin recursos. Se necesita más inversión pública y privada, más recursos humanos y una coordinación real entre los sistemas sanitario, laboral y de seguridad social.
Desde UGT Serveis Públics PV seguiremos trabajando y exigiendo a los poderes públicos y a las empresas y Administraciones Públicas que asuman su responsabilidad, porque la salud laboral requiere compromiso político y social.
No se trata de elegir entre actualizar la ley o hacerla cumplir: son necesarias ambas, porque nos va la vida en ello.
Acto en la Casa del Pueblo
Por otro lado, UGT País Valencià ha celebrado junto con UGT Serveis Públics y el resto de federaciones un acto en el que se ha analizado las sobrecargas de trabajo y su impacto en la salud laboral y la obligatoriedad de los planes de movilidad sostenible al trabajo. Maria José Valenzuela, delegada de prevención del sector de Autonómicas y Justicia ha participado en la lectura del manifiesto en el que se resalta el compromiso del sindicato con la prevención y la seguridad y salud laboral como derecho fundamental.
