Análisis: 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Elena Espinar de las Heras, responsable del departamento de Salud y Medio Ambiente de UGT Serveis Públics, analiza el pasado, el presente y el futuro de una ley pionera que este 8 de noviembre cumplirá tres décadas de vida

El próximo 8 de noviembre se cumplen 30 años de la aprobación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Tres décadas que merecen una reflexión porque esta ley, pionera en su tiempo, no solo cambió el marco normativo de la seguridad laboral en España: cambió la forma de entender el trabajo y, sobre todo, la protección de la salud de las personas trabajadoras.

Lo primero que conviene recordar es que la LPRL nació ya siendo una ley inclusiva. Su artículo 15 lo deja claro: el trabajo debe adaptarse a la persona, no la persona al trabajo. Aquello incluía, con sorprendente anticipación, una visión que hoy llamaríamos “centrada en la diversidad”: edad, género, estado de salud o cualquier otra circunstancia personal o social. La ley habla de personas trabajadoras, con sus características, estado biológico, potencialidades, discapacidades y limitaciones.

Y, sin embargo, 30 años después, seguimos tropezando con la misma piedra: la del incumplimiento. La ley existe, los reglamentos se han desarrollado, … pero la realidad es que la prevención se percibe como una carga administrativa y económica y no como una herramienta de promoción de la salud y una inversión de futuro.

En demasiadas ocasiones, la prevención se convierte en un mero cumplimiento formal, vacío de contenido, cuando debería ser la base sobre la que se construye cualquier organización que aspire a ser segura, saludable y sostenible. El resultado de ese formalismo son los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales infradeclaradas, los riesgos psicosociales invisibilizados, y una cultura preventiva que todavía depende más de la voluntad de unos pocos que de la convicción colectiva.

La LPRL no ha fracasado; lo que ha fracasado es su cumplimiento. Y desde las organizaciones sindicales somos testigos diarios de ese fracaso práctico de la prevención. La cultura preventiva no ha calado con la profundidad necesaria, y las carencias de recursos, formación e implicación siguen siendo los principales problemas.

La raíz del problema no está en la norma, sino en su aplicación. La LPRL no ha fracasado; lo que ha fracasado es su cumplimiento. Y desde las organizaciones sindicales somos testigos diarios de ese fracaso práctico de la prevención. La cultura preventiva no ha calado con la profundidad necesaria, y las carencias de recursos, formación e implicación siguen siendo los principales problemas.

Ante este aniversario, la reflexión sobre su reforma adquiere una especial relevancia. Y quizá sea necesario hacerla. Treinta años son muchos, y el mundo del trabajo ha cambiado radicalmente: la digitalización, el teletrabajo, la inteligencia artificial, el envejecimiento de la población activa, la precariedad laboral o los nuevos riesgos psicosociales exigen actualizar conceptos y mecanismos. Pero también tenemos que tener en cuenta que no necesitamos una nueva ley para volver a prometer lo que aún no hemos cumplido con la actual.

Si se emprende una reforma, debe hacerse con el compromiso de garantizar su cumplimiento efectivo. No basta con modernizar el texto; hay que impulsar la participación real de los trabajadores y trabajadoras a través del diálogo social y la negociación colectiva, exigir la responsabilidad de las Administraciones públicas y empresas y fortalecer los instrumentos de control. Todo esto con el objetivo de conseguir entornos de trabajos seguros y saludables como derecho fundamental.

Treinta años después, la LPRL sigue siendo una norma válida. Lo que necesita es que dejemos de citarla y empecemos a cumplirla. Que la salud laboral sea parte de la gestión estratégica y no del cumplimiento mínimo.

Quizá ese sea el mejor homenaje que podamos hacerle a una ley que, en 1995, ya entendía lo que algunos aún no han comprendido en 2025: que la protección de las personas trabajadoras no es una mera formalidad, sino una responsabilidad y que la prevención no es un gasto, sino una inversión.

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