El sindicato insta a las empresas a negociar protocolos de actuación en casos de emergencias externas con la representación sindical para proteger al personal y garantizar el servicio
Cuando está a punto de cumplirse un año de la tragedia de la DANA en la Comunitat Valenciana, una nueva alerta meteorológica ha puesto sobre la mesa las deficiencias en las condiciones laborales del sector sociosanitario, en particular, en el sector de cuidados a personas mayores en entornos residenciales. UGT Serveis Públics del País Valencià denuncia que la indefensión generada para este personal en los episodios recientes de alerta roja. Así, el pasado 28 de septiembre, los valencianos y valencianas escucharon de nuevo el tan temido sonido de la alarma y los distintos avisos de alerta roja para garantizar la protección de todas las personas durante la que se preveía una nueva situación adversa potencialmente muy peligrosa.
Esta situación fue especialmente sensible en Horta Sud, tan terriblemente afectada en 2024. De hecho, a raíz de estos sucesos, se aprobó el RDL 8/2024, que recogía medidas en materia laboral y de prevención. Entre otras, el permiso climático, la protección de las personas trabajadoras y la obligatoriedad de las empresas de contar con protocolos de PRL de actuación ante catástrofes y fenómenos adversos. Estos protocolos, por supuesto, a través de la negociación colectiva con los representantes de las personas trabajadoras.
Una vez finalizada la situación de alerta, UGT Serveis Públics ha evaluado la situación y es muy negativa. De hecho, el sindicato denuncia que la mayoría de empresas siguen sin disponer de protocolos o, si están aprobados, no han sido negociados con los representantes de los trabajadores y trabajadoras ni expuestos o facilitados a la plantilla. El sindicato denuncia un caso concreto: un centro residencial de Horta Sud en el que varias trabajadoras recibieron un aviso de la empresa sobre la situación de emergencia, pero en la que les indicaron que ellas mismas evaluaran los riesgos y les recordaban que son un servicio esencial. Algunas de ellas decidieron el lunes avisar de su no asistencia al centro, pero el martes fueron expedientadas por la empresa por ausencia no justificada.
Cabe apuntar que la Generalitat pone a disposición de las empresas unos modelos de protocolos para que cada una lo adapte a sus características propias, pero, esta gestión no es suficiente. «La realidad ha demostrado que la mayoría no disponen de un protocolo específico para estos riesgos, o no lo han negociado con la representación de las personas trabajadoras, o se limitan a un WhatsApp con unas instrucciones difusas que dejan en situación de vulnerabilidad a las trabajadoras de este sector. “¿qué decido hacer? ¿qué consecuencias tendrá mi decisión? ¿expongo mi integridad o me cuido y me arriesgo a una sanción? ¿si la empresa me dice que vaya, debo ir?”, explica la responsable de sociosanitario, Pilar Visiedo.
UGT recuerda que el sector de residencias y cuidado de personas mayores es, mayoritariamente, un sector feminizado, con salarios bajos, falta de personal y poca prevención, una situación de vulnerabilidad a la que se añade ahora las situaciones de emergencia climática. El sindicato considera que los agentes implicados deben dar el do de pecho: las administraciones facilitan protocolos, pero no es suficiente. Las empresas son responsables de que se adapten o se creen nuevos protocolos más específicos, que intenten minorizar el impacto de estas situaciones, y que equilibren la garantía del servicio y la atención a las personas usuarias con la protección de las personas trabajadoras. Por su parte, las organizaciones sindicales estaremos vigilantes para su cumplimiento ya que es urgente proteger al personal y garantizar la prestación del servicio. Prevenir es proteger.
